En efecto, los datos hablan del interés de los trabajadores por participar. Las asambleas se realizaron en todas las secciones sindicales con una buena asistencia, los cambios en el cronograma fueron en extremo justificados y en todos los casos se evaluaron los planteamientos pendientes.
Lo más importante: se computaron más de 4 mil 533 opiniones, ideas y sugerencias, las cuales versaron en su mayoría sobre dificultades con el salario y la distribución de utilidades, el presupuesto de ropa y calzado, los altos precios de los insumos, la falta de materias primas y la poca utilización de las capacidades productivas.
No obstante, la dirección de la CTC en el territorio consideró que la preparación de los dirigentes sindicales y de los propios trabajadores para asumir los retos y enfrentar las discusiones, debe ser mejor.
Más allá de listar dificultades, causas y consecuencias de estas, se buscaron alternativas. Por ejemplo, a partir de la discusión en la Industria Nacional Productora de Utensilios Domésticos (Inpud) y en la Empresa Textil Sarex se decidió otorgarles a ambas financiamientos en moneda libremente convertible (MLC) para llevar a cabo ideas expuestas por los trabajadores de esos colectivos.
Otros resultados se evidenciaron en la Empresa Provincial de Materias Primas donde se valoró la posibilidad de elaborar vigas plásticas con elementos reciclables; se logró el encadenamiento de varias panaderías, que estaban sin ser utilizadas por falta de insumos, con el sector no estatal, lo que generó empleo y evitó interrupciones laborales.
Se han entregado tierras a múltiples colectivos laborales para que produzcan alimentos lo que beneficia el autoabastecimiento; hubo propuestas de cambio de estructura en algunas entidades para que sea más factible el proceso productivo, y es significativo el aporte de la Anir, por ejemplo, en la empresa Abel Santamaría que pudo haber cesado en esta contienda, en cambio los aniristas hicieron una adaptación en el central para poder elaborar melaza.
Entre las sugerencias estuvieron la aprobación de precios máximos a productos de alta demanda; que los productores agrícolas, como personas naturales, puedan importar insumos, tecnologías, equipos y medios de trabajo; el reclamo de la aprobación de la Ley de Empresa con el propósito de que la empresa estatal socialista esté en igualdad con los nuevos actores económicos; evaluar la escala salarial de varias entidades, en particular las que producen para la exportación; y crear un acápite en las utilidades para atender trabajadores vulnerables, entre otros asuntos.
Fue este un proceso franco, abierto, una discusión transparente y fructífera, que tuvo como objetivo producir más y con calidad, no dejarse vencer por las limitaciones, crear mayores bienes y servicios a partir de la explotación de las reservas existentes en cada lugar, de manera tal de impulsar entre todos nuestro modelo económico socialista.