La noticia impactó en los medios nacionales y extranjeros: la República de Cuba salió victoriosa ante la demanda interpuesta en una corte inglesa, por el fondo buitre CRF I Limited, cuyos directivos pretendían una sentencia condenatoria contra Cuba que iba a convertirse en un nuevo impedimento de acceso a los flujos financieros internacionales.
En conferencia de prensa, el Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia, comentó sobre el dictamen de la Alta Corte de Inglaterra y Gales presidida por la jueza Sara Cockerill, donde se precisó que nuestro país ganó al establecerse que dicho fondo no es acreedor del Estado cubano.
Si bien la demanda incluye al Banco Nacional de Cuba, la joya de la corona era la República, y eso lo perdieron, señaló. Estamos alegres porque hemos obtenido una victoria y tenemos argumentos para seguir obteniendo la otra que es la exclusión del Banco Nacional.
No ha sido un proceso que nosotros buscamos, comentó, fuimos abocados al proceso pero la manera que se condujo y se obtienen estos resultados trasmite un mensaje positivo a nuestros acreedores legítimos. Al que miente, engaña, soborna, altera, hace cosas ilícitas para lograr pagos de Cuba o de alguna institución cubana lo enfrentamos con la verdad y el combate, si es en el escenario jurídico, ahí vamos. Y el país demuestra que tiene capacidad para hacerlo en situaciones complejas, porque todo lo que es contratación de abogados en el exterior es costoso, pero lo asumimos con la hidalguía y la necesidad de defender esa verdad y a quienes han compartido la suerte de nuestro pueblo a los cuales agradecemos profundamente todo lo que han hecho.
Recordó que la mayor dificultad que afrontamos en el tema crediticio es el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos que no nos permite acceder a los grandes flujos crediticios internacionales.por tanto esa capacidad de préstamo la tenemos que buscar en diversas instituciones a las que podemos acceder, a ello se agrega una de las más graves medidas establecidas por el gobierno de Estados Unidos que es la inclusión arbitraria, ilegítima, injusta de Cuba en la lista de los llamados países patrocinadores del terrorismo y eso limita mucho más el acceso del país a otras instituciones bancarias. A eso se suma CRF agregó, habría que ver hasta dónde son parte o se suman, eso la vida lo dirá, estamos conociendo sus intenciones, estamos litigando.
Explicó Silveira que han sido casi tres años de un proceso lleno de complejidades, empezando por el hecho de que el procedimiento difiere en su inmensa mayoría de las características del sistema romano francés del cual nuestro país forma parte y que tenemos como herencia cultural jurídica, lo que requirió de mucho estudio y aprendizaje.
En un momento dado el fondo buitre quería que se nos declarara en rebeldía procesal asumiendo que por nuestras dificultades económicas no tendríamos la posibilidad de contratar abogados en el exterior, pero evitamos esa declaración al cumplir todas las exigencias del proceso.
Se refirió a una fase muy compleja del proceso que es la revelación de documentos, todo lo que pudiera relacionarse con el hecho tenía que entregársele a la jueza, correos, documentos, papeles, notas jurídicas. Nosotros entregamos más de dos mil documentos y CRF apenas 800 y tantos, pero en la víspera de una audiencia agregaron 11 mil documentos fuera de término, con la intención de extender los plazos, pero decidimos no acceder a paralizar el proceso y revisamos la totalidad de los documentos. Esta actuación da la medida de las características del demandante, su actuación de mala fe que tuvo múltiples variables.
El ministro ponderó y manifestó su agradecimiento al grupo temporal de trabajo integrado por directivos, funcionarios y especialistas de diversas instituciones y a los abogados españoles e ingleses, que han acompañado el proceso que en la actualidad reúne ya 30 tomos de documentos, dijo.
En cuanto a los funcionarios del Banco que propiciaron la situación , fueron cuatro personas que resultaron sancionadas. Uno de ellos actuó intencionalmente, los otros incumplieron obligaciones, son los llamados delitos funcionariales, que nacen de sus obligaciones como tal y cuando el incumplimiento tiene consecuencias graves tiene relevancia jurídico penal, explicó.
Esos procesos fueron exhaustivamente tramitados, investigados, tuvieron acceso a la defensa, aportes de pruebas, supieron con claridad los conceptos por los cuales la fiscalía ejercía la acción penal, se cumplieron las exigencias del caso. Estas personas declararon en su mayoría como testigos y expusieron con transparencia lo que había pasado. Ayudaron a defender la verdad.
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