Por: Osvaldo Rodríguez Martínez, especial para Trabajadores
La muerte el lunes pasado de Manuel Quilla, a consecuencia de torturas perpetrada por la Policía de Lima, según sus familiares, encendió aún más la indignación de quienes exigen la destitución de la presidenta provisional de Perú, Dina Boluarte.
Con este caso sumaron 69 los fallecidos por la represión extrema a las protestas sociales que comenzaron el 7 de diciembre pasado tras la destitución forzosa del presidente Pedro Castillo (actualmente detenido), mientras se reportan más de un millar de heridos por la violencia de los uniformados, aseguró Telesur.
La llegada del féretro de Quilla a la plaza de armas de la sureña ciudad de Juliaca (de mayoría indígena) incentivó la ira de decenas de manifestantes que coreaban “Dina asesina, esta es tu obra”, mientras enarbolaban carteles contra la mandataria.
La viuda del hombre de 37 años reveló que, tras ser detenido y golpeado brutalmente por la policía de Lima como mostró un video circulado por redes de derechos humanos, regresó a su tierra natal con fracturas en el cráneo, lo que causó su fallecimiento por un derrame cerebral.
En Juliaca, en el departamento de Puno, 17 personas fueron asesinadas el 9 de enero pasado por la represión policial y la propia Fiscalía confirmó que las muertes fueron causadas por proyectil de arma de fuego, en uno de los hechos más trágicos en todo el país.
Este suceso ofrece la medida de la ola de violencia que sacude a la nación andina, donde obreros, campesinos, pueblos originarios, estudiantes y otros sectores sociales exigen la destitución de Boluarte, contra quien no prosperó esta semana en el Parlamento una moción de separarla del cargo y responsabilizarla por la represión.
Represión sin precedentes
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en un informe publicado a finales de enero calificó de “brutalidad sin precedentes” la reacción del gobierno para contener el clamor ciudadano que exige la renuncia de la presidenta y los diputados y elecciones adelantadas.
“La presidenta Dina Boluarte dice que las protestas son financiadas por narcotraficantes, eso es falso, así como ve, con las colaboraciones, nos alimentamos”, dijo un comerciante que megáfono en mano pedía donaciones.
“Estamos entrando a una etapa de insurgencia donde el que se cansa pierde y nosotros haremos que la Policía se canse primero”, dijo mientras acompañaba a unos cien manifestantes llegados de Ayacucho, reportaron agencias internacionales de prensa.
El gobierno justifica la represión alegando que las manifestaciones están organizadas y financiadas por grupos criminales y terroristas, publicó en febrero pasado el sitio web de un grupo de corriente trotskista (seguidores de las ideas del ruso León Trotski).
El general José Zavala, jefe de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía, ha sido el rostro de esta propaganda, aseguró la fuente y recordó que el militar, en una entrevista reciente, dijo que es “justo en esos lugares que sirven de caldo de cultivo, donde vienen y comienzan a ver las diferencias sociales y dar su mensaje de odio y es donde trabajan en la mente de las personas”.
Apoyo de Washington
La nueva ofensiva se produjo luego de la visita a Washington de la ministra de Asuntos Exteriores de Boluarte, Ana Cecilia Gervasi, donde la administración estadounidense reafirmó su apoyo a los esfuerzos del régimen para restaurar la “estabilidad”, afirmó.
Gervasi confesó al New York Times, en una entrevista publicada el 2 de febrero pasado, que “no tenemos ninguna prueba” de que las protestas estén siendo impulsadas por grupos criminales, pero “estoy segura de que muy pronto tendremos esas pruebas”.
Los grupos de derecha y el gobierno de Boluarte se oponen a las protestas y utilizan el término “terruqueo” para etiquetar a los manifestantes como terroristas, una práctica que se remonta al conflicto interno en Perú y ha sido condenada por expertos de Naciones Unidas.
El “terruqueo” es una campaña racista que se basa en estigmatizar a los oponentes del expresidente Alberto Fujimori y su hija Keiko, a los políticos de izquierda y a quienes están en contra del neoliberalismo al calificarlos de terroristas o simpatizantes de terroristas y persigue alimentar la cultura del miedo.
“Perú: Expertos de la ONU llaman a poner fin a la violencia durante las manifestaciones, instan a respetar los derechos humanos” publicó en marzo pasado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Los especialistas trasmitieron su profunda preocupación por las continuas denuncias de represión, asesinatos, arrestos y desapariciones forzadas de manifestantes, además de “las graves denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y la incapacidad del Gobierno” para el diálogo.
En las últimas horas se conoció que los familiares de los fallecidos en las protestas de los últimos meses criticaron la lenta investigación de la Fiscalía y además que el Ministerio Público anunció que las indagaciones se realizarán en Lima, muy lejos de las siete regiones del sur del país donde ocurrieron las muertes.
Según la Defensoría del Pueblo, 67 personas murieron durante las manifestaciones de diciembre a febrero en Perú, de ellos 49 son civiles y al menos 30 fallecieron por “proyectil de arma de fuego”, según las autopsias a las que tuvo acceso la prensa.
Por cuarta vez cambian de fiscal en Juliaca, dijo Raúl Samillán, hermano de una de las víctimas, y opinó que esto es por “la búsqueda de la impunidad de parte de los responsables de las masacres y a la indefensión de víctimas”, dijo.
Samillán informó que su hermano era un universitario que auxiliaba a manifestantes heridos y murió de un disparo el 9 de enero pasado junto a otros 16 civiles, todos por arma de fuego.
Origen de las protestas
Las protestas empezaron poco después de que Boluarte reemplazara en la presidencia al expresidente Pedro Castillo, que fue destituido el 7 de diciembre por el Parlamento tras intentar disolver el Legislativo, sin lograrlo, e instaurar un gobierno de facto. Castillo está en prisión preventiva con cargos de presunta rebeldía.
Las manifestaciones -que exigían la renuncia de Boluarte y de los 130 legisladores del Parlamento unicameral- se concentraron en el sur de los Andes de Perú donde se produjeron los hechos más letales.
Boluarte y el Parlamento gozan de escasa popularidad en Perú, según todas las encuestas y un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos publicado el 23 de marzo en el diario La República indicó que el 78% desaprueba a Boluarte, mientras
