Un muy desagradable incidente enturbió hace unos días el barrio de este comentarista, en un tipo de ilegalidad grave que después conocí ha empezado a ocurrir con determinada frecuencia en algunos barrios.
Una madre con su hijo menor de edad irrumpió con violencia en una casa cuyos moradores no se encuentran en el país, para intentar apropiarse de la vivienda por la fuerza.
La mayor parte del vecindario rechazó enseguida este accionar, que va en contra de las leyes existentes, incluyendo las regulaciones migratorias.
Con la rápida denuncia de la persona que cuidaba el apartamento y los parientes de la propietaria, en menos de 48 horas se activó por el gobierno municipal la comisión que hace frente a este tipo de actuaciones delictivas, y se extrajo a la persona del domicilio usurpado, con el respaldo y colaboración de la población.
Es importante aquí comentar el cuidado, diríamos que hasta la delicadeza, con que se actúa en estos casos, para salvaguardar la salud física y emocional de niñas, niños o adolescentes cuyos padres les enrolan en estas repudiables acciones, así como del resto de los individuos involucrados en tales hechos.
Pero también está la obligación y el clamor popular de preservar el orden y el respeto a la legalidad, lo cual se garantiza con una actuación conjunta de distintas autoridades y representantes de la comunidad. Directivos municipales, trabajadores sociales, oficiales de atención a menores, la Policía, representantes de las organizaciones de masas, el delegado, todo se hace con apego a la ley, y con la mayor profesionalidad y respeto de los derechos de las personas involucradas.
En ningún momento de ese duro proceso se renuncia a razonar, a tratar de persuadir y convencer a quien delinque para que rectifique su conducta infractora.
Por supuesto, son situaciones muy difíciles, porque en la base hay problemas objetivos y sociales estremecedores, acumulativos casi siempre, detrás de ese tipo de conducta al margen de la ley.
No pocas veces, sin embargo, como ocurrió en el caso específico que motiva esta reflexión, quienes así actúan no han acudido ni agotado todas las posibilidades de atención y solución que el Estado brinda para familias en situación de vulnerabilidad social.
Ello suele combinarse además con pésimas influencias de elementos delincuenciales o no integrados laboral y socialmente que estimulan y les aconsejan ese deleznable uso de la fuerza.
Sin dejar de admitir también las demoras e insensibilidades que pueden encontrar en su camino muchas familias que sufren situaciones complicadas, a veces desesperadas, en materia de vivienda, nunca será admisible tampoco que se tolere ni permitan transgresiones de ese tipo contra propiedades particulares o estatales.
Se trata también, somos consciente de ello, de experiencias muy controversiales, donde la perspectiva cambia radicalmente en dependencia del punto de vista en que se mire.
Por eso ante estos fenómenos hay que mantener la sangre fría y el imprescindible equilibrio en los análisis y decisiones. Es preciso entonces saber combinar el humanismo de la Revolución con las exigencias de un estado de Derecho, donde tampoco se puede admitir, bajo ningún concepto, que se fuercen las puertas de la Ley
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