Los retos de la Fiscalía en el enfrentamiento a la corrupción fueron abordados en la última jornada del XV Encuentro Internacional Ciencias Penales 2023 y el III Evento Legalidad, Derecho y Sociedad, que esta tarde culmina sus sesiones en el Palacio de Convenciones.
Bileardo Amaro Guerra, fiscal jefe del departamento de Procesos Penales Especiales, resaltó que la lucha contra corrupción es tarea de todos, y precisó el papel en tal actual de los asesores jurídicos de las entidades.
Refirió que se trata de un delito que necesita ser detectado, pues en su gran mayoría no es denunciado.
Comentó que el contexto del país cambió a partir del año 2019 con la aprobación y promulgación de la Constitución, que trajo consigo una nueva mirada al tema de la corrupción.
En las complejidades de su manifestación, y por consiguiente su investigación, han influido otras situaciones, como el bloqueo de los Estados Unidos, la injusta ratificación de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, el surgimiento de nuevos actores económicos y la pandemia de la COVID-19.
Entre las causas y condiciones asociadas al fenómeno de la corrupción, comentó la pérdidas de valores éticos, la violación de la política de cuadros, el incumplimiento del principio de que “quien decide no negocia”, la presencia de administraciones que no controlan de manera adecuada los recursos materiales y financieros, ni los procesos negociadores y contractuales.
De igual manera, la violación de las regulaciones de comercio exterior; formalidad y falta de comprensión acerca de la importancia del control interno administrativo y la prevención de los riesgos, así como la falta de conocimiento y preparación de directivos, malos hábitos de trabajo, negligencia e irresponsabilidad.
Amaro Guerra subrayó que el combate contra este flagelo exige de un fiscal preparado, capaz de direccionar la investigación penal con objetividad, utilizando con habilidad los medios de pruebas que le permitan obtener el material probatorio suficiente para garantizar el ejercicio de la acción penal respetando derechos y garantías de los imputados.
Precisó que el fiscal está encargado de garantizar el cumplimiento de la legalidad socialista, el control de la investigación penal con las exigencias del debido proceso y representación del Estado presentar la acusación con elementos incriminatorios suficientes ante los tribunales.
“Ello requiere una mirada distinta de cara al control, sin que la exigencia de velar por el respeto a la legalidad y conducción del proceso se revierta en resultados negativos para el ejercicio de la acción penal”.
Entre las normas nacionales e internacionales relacionadas con el enfrentamiento a la corrupción, mencionó las convenciones de Naciones Unidas de las que Cuba es parte; las leyes penales procesales y sustantivas; los códigos de conductas de cuadros y funcionarios del Estado, generales y específicas de los ministerios y organismos; las disposiciones de los órganos rectores de la economía y las leyes dictadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular, entre otras.
