Una amplia actividad legislativa, que prevé la inclusión aproximada de 57 leyes y 21 decretos-leyes, caracterizará el quehacer de la venidera X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), según dio a conocer el Ministro de Justicia Oscar M. Silvera Martínez al intervenir en la sesión de apertura del XV Encuentro Internacional Ciencias Penales y el III evento Legalidad, Derecho y Sociedad.
En su intervención sobre el impacto de la Reforma Legislativa en el ejercicio del Derecho en Cuba, el Titular del sector comentó que en las primeras sesiones de trabajo la ANPP aprobará un nuevo cronograma legislativo para el período 2023-2027.
Aseveró que este profundo y transversal proceso de actualización del ordenamiento jurídico requiere para su adecuada implementación la correcta interpretación y explicación de las leyes, así como avanzar rápido y de forma coherente en la cultura jurídica de la sociedad, en las instituciones, entidades y actores económicos.
En uno u otro escenario —señaló— los juristas cubanos tenemos una alta e imprescindible responsabilidad para consolidar un ambiente de legalidad, concebido como aquel que determina la actuación de todos en el ámbito de las disposiciones legales, en el cumplimiento de los derechos y deberes y en el respeto de los derechos de los demás.
Silvera Martínez aseveró que en el orden de las personas jurídicas e instituciones es también el respeto a sus competencias y funciones.
“Este objetivo lo tenemos y podemos alcanzar. Solo así todos los días cada persona, y ante cada persona, podemos dar cumplimiento al concepto de Estado socialista de derecho y de justicia social que encabeza nuestra Constitución y la voluntad del pueblo. Un concepto que nos enaltece y compromete”.
Valoró como un “acto trascendental”, sin precedentes, la aprobación y puesta en marcha del primer cronograma legislativo, y dijo que desde abril del 2019 hasta la fecha se aprobaron 86 decretos-leyes y 35 leyes, entre las cuales mencionó el Código de las Familias, “fruto de un gran ejercicio democrático”, también sometido a referendo popular en septiembre del 2022.
El constante aprendizaje en este proceso —agregó—conllevo a la flexibilidad en la planificación inicial, e impuso la necesidad de realizar modificaciones al cronograma legislativo en aras de lograr la coherencia en las disposiciones jurídicas, adelantar algunas normas que la propia dinámica del país demandó y otras que, por su complejidad, fue imprescindible posponer.
Para perfeccionar el proceso de elaboración de las normas e incrementar la participación popular en su creación se incluyeron por indicaciones del Primer secretario del Comité Central del Partido comunista y presidente de la república, Miguel Díaz Canel Bermúdez nuevas exigencias a la creación de los anteproyectos normativos.
“Primero publicar los anteproyectos en los sitios web de las instituciones responsables de la elaboración de la presentación de la norma y habilitar vías recepción de las opiniones de las personas.
“Hasta ese momento solo se hacía la publicación cuando se presentaba el proyecto a la ANPP. Segundo, consultar a los expertos en Marxismo para cuidar y reforzar los conceptos y principios de la construcción del Socialismo”.
Entre las leyes novedosas que engrosan la relación de normas jurídicas en materia de desarrollo de derechos y garantías fundamentales, mencionó la de Revocación, de Amparo de los Derechos Constitucionales, de la Protección de Datos Personales, de Soberanía Alimentaria y Seguridad Nutricional, el Código Penal, entre otras.
Subrayó que en cada una de las disposiciones normativas aprobadas están reflejadas las experiencias, el conocimiento y la voluntad de nuestro pueblo, el respeto a los tratados internacionales ratificados por Cuba, lo más avanzado del Derecho comparado y la Ciencia Jurídica.
Destacó también que esta actividad legislativa ha permitido cumplir con las Disposiciones Transitorias de la Constitución del 2019, además contar con las leyes fundamentales de la organización y funcionamiento del Estado y el Gobierno, desarrollar una amplia y profunda reforma procesal y judicial y perfeccionar el ordenamiento jurídico con la regulación de varios derechos y garantías fundamentales previstas en la Constitución.
“Ha sido un período de trabajo intenso y de compromiso de muchos juristas, profesores universitarios y otros especialistas en el significativo aporte desde la ciencia, la experiencia, la interdisciplina, el estudio profundo y el consenso en cada propuesta de ley y decreto-ley”, enfatizó.
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