A partir de una voluntad política del Estado y gobierno cubanos de atender y proteger a sectores poblacionales en situación de vulnerabilidad, se encuentra en marcha la conformación de Defensorías territoriales, como mecanismos de protección y restablecimiento de derechos.
Alejandro Redondo Ramos, coordinador de la Actividad Legislativa del Ministerio de Justicia (Minjus), declaró en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias que la Defensoría será la institución encargada de proteger, garantizar y restablecer el ejercicio de los derechos de personas en situación de vulnerabilidad en el entorno civil, familiar, laboral y mercantil.
Incluye la atención a niñas, niños, adolescentes, personas en situación de discapacidad, adultos mayores, víctimas de discriminación o violencia, entre otros casos, acotó.
Dentro de las funciones específicas del defensor está representar legalmente el ejercicio de los derechos de estas personas, sin distinción de grupo etario, en sede notarial, judicial y el resto del ámbito extrajudicial.
Se encarga además de coordinar la gestión y solución armónica de los conflictos familiares con las Oficinas de Mediación, así como con los órganos del Estado, organizaciones sociales y de masas, representados por sus respectivas instancias territoriales.
Al decir de Redondo Ramos, El Código de Familia de 1975 no reconocía esta institución, por lo que se trata de una estructura completamente nueva que parte de dos bases normativas: el Código de las Familias y el Código de Procesos.
Ambas leyes en sus disposiciones finales encargan al Ministro de Justicia la implementación de una Defensoría, por lo que resulta necesario crear una estructura organizativa en el órgano central del Minjus para cumplir estos encargos.
Esta institución pondrá a Cuba en la vanguardia, pues se trata de una cuestión novedosa incluso a nivel internacional, donde existen otras defensorías pero no operan sobre la base de relaciones privadas, señaló el coordinador.
De esta forma, se establece que el defensor deberá representar a las personas en situación de vulnerabilidad que requieran de tutores, representantes o apoyos hasta que se les provea de estos.
También estará presente en los casos donde, teniendo tutores, existan intereses contrapuestos o si la situación concreta les impide defender adecuadamente sus bienes y derechos.
Según Redondo Ramos, a partir de que una persona en situación de vulnerabilidad acuda a la defensoría, o su caso se detecte a través de otras instituciones, se escogerá su defensor y se realizará un análisis de su situación con el apoyo de consultores de diferentes especialidades.
Con los resultados que arroje este trabajo, se realizará una estrategia, se decidirá el mejor método para abordar el problema y, en caso de ser necesario, se remitirá a otras instituciones competentes, como la Policía Nacional Revolucionaria o la Fiscalía General de la República, expresó.
Esta vía constituye un instrumento de apoyo que encauzará a las personas en la búsqueda de soluciones a sus problemas, con el debido acompañamiento para llegar a buen término.
Redondo Ramos señaló que se prevé la creación de un Departamento de Defensoría dentro de las Direcciones Provinciales de Justicia, y una Dirección en el Minjus para su coordinación y control metodológico.
Un seminario de capacitación se desarrollará los próximos días 21 y 22 de febrero para 70 juristas de todas las provincias del país, con el fin de prepararlos para el proceso de creación y desarrollo de las Defensorías en los territorios.
(Tomado de ACN)
