Adecuar el marco jurídico nacional a los actuales contextos de la sociedad cubana es un proceso que ya refrendan 35 normas aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en su IX legislatura.
Diputados a este órgano en representación de las provincias de Artemisa y Pinar del Río analizaron este miércoles el Proyecto de Ley de Comunicación Social.
El encuentro tuvo lugar en la tierra del mejor tabaco del mundo y participaron en él, junto a los parlamentarios, periodistas, comunicadores y especialistas en el tema.
José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la ANPP, condujo el debate que inició con una presentación de Elsa Agüero Escobar, integrante del equipo redactor del Proyecto de la Ley de Comunicación Social, quien hizo referencia a las modificaciones incluidas en el texto a partir de las sugerencias emanadas de las propuestas elaboradas con anterioridad.
El vicedecano de la Facultad de Humanidades de la universidad de Artemisa, Yuliesky Amador Echevarría, tuvo a su cargo el mayor número de intervenciones, que apuntaban a esclarecer la redacción y a inclusiones que eviten la existencia de vacíos legales en la norma.
Por los pinareños, Nelson Simón González, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) en la provincia, expresó su agradecimiento por el celo con que se trabaja en la concepción que llegan hasta el análisis de si lo más apropiado son conjunciones disyuntivas o copulativas, no obstante, le preocupa la implementación, porque los avances logrados en materia de instrumentos legales en ámbitos como la protección animal, derecho de autor o el propio Código de las Familias, todavía no se refleja a nivel social.
La trascendencia del proceso legislativo que se ejecuta en el país, de alta implicación social para la consignación del ejercicio efectivo de los derechos humanos, fue resaltada por Toledo Santander al cierre de la sesión de trabajo en la que también participaron Miguel Enrique Charbonet Martell, vicepresidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la ANPP y Onelio Castillo Corderí, vicepresidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT).