Se dice un poco en broma y un poco en serio, que en Cuba todo el mundo sabe de pelota, de medicina, y más recientemente, de comunicación. Y eso está muy bien, pues al fin y al cabo se trata de prácticas sociales que involucran, motivan y generan criterios y pasiones de todo tipo.
Como antecedente, es preciso recordar que desde hace ya varios años en el ámbito periodístico comenzó a hablarse, con propuestas concretas, sobre la mejor manera de legislar acerca de la comunicación social en el país.
Esa siempre fue una vieja aspiración profesional del sector de la prensa, la cual ha ido evolucionando a partir de una comprensión superior de la integralidad que requieren los procesos comunicativos.
De hecho, recuerdo la sugerencia precisa en uno de aquellos debates acerca de la política de comunicación del Estado y el gobierno, sobre lo importante que era elevar al máximo posible el rango de la futura norma jurídica.
De pensarse en tener solo un decreto-ley, hubo periodistas que fundamentamos la necesidad de que fuera una ley, precisamente con la intención de que una legislación de ese tipo, que compete a toda la sociedad, pudiera ser ampliamente discutida, consensuada e implementada por todas las instituciones y la ciudadanía.
Y eso es lo que ha ocurrido con el proyecto de Ley de Comunicación Social que ahora vuelve a ser sometido a análisis y discusión en reuniones territoriales por parte de los diputados, con vistas a su presentación oportuna a la Asamblea Nacional del Poder Popular, después también de múltiples rondas de consultas especializadas y con integrantes de la sociedad civil.
Lo más sobresaliente de esta propuesta legislativa es su mirada a la comunicación social como un sistema complejo, que abarca la dimensión organizacional, o sea, desde las instituciones; la gestión de los medios, y una esfera tan novedosa como la comunitaria, sin olvidar tampoco aspectos como el ciberespacio, el diseño, la publicidad y el derecho de autor, entre otros.
La Ley propuesta es absolutamente imprescindible e impostergable, como garantía para desarrollar la Constitución de 2019, en relación con el derecho de las personas a la información, la comunicación y el conocimiento; el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, conforme a los fines de la sociedad y el Estado socialista de derecho y justicia social.
Más allá de sus especificidades técnicas o de su significación jurídica, que implica también aportes al proyecto desde las diversas ciencias sociales, la aprobación e implementación de esta Ley mejorará la forma en que nos relacionamos como seres humanos y facilitará nuestros procesos económicos, sociales y políticos, con una mejor definición de derechos y deberes de todos los eslabones que participan en la comunicación social.
En particular para el movimiento sindical, urgido de avanzar en su función de representación de toda clase trabajadora y movilizar a los colectivos laborales para una participación más activa en la gestión económica, incluyendo a los nuevos actores de propiedad privada y cooperativa, la comunicación social representa una vía y un método insoslayables en aras de lograr ese propósito, mediante un mayor liderazgo, involucramiento y asimilación de los principios que preconiza esa ley.
Mucho se ha trabajado en la preparación de esta nueva legislación, que resulta revolucionaria y de una originalidad absoluta, en un terreno donde Cuba no se parece a ningún otro país, entre otros motivos por la agresión constante y los planes subversivos que enfrenta la Revolución, casi siempre con un impacto en lo comunicativo y lo cultural.
Su perfeccionamiento a partir del debate continuará seguramente hasta el mismo momento en que se someta a votación del Parlamento, porque son conocimientos colectivos donde todas las personas y entidades somos simples aprendices. Esta Ley de Comunicación tampoco será perfecta, pero resultará muy superior a la que hoy tenemos: ninguna.
Estudiarla, comprenderla, para poder defenderla y luego aplicarla y cumplirla, tiene que ser entonces una prioridad ciudadana, en estos tiempos en que comunicar, es de ley.
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