Cuatro líneas de cruceros que incluyeron a Cuba en sus itinerarios deberán pagar más de 400 millones de dólares por supuestos daños a una empresa estadounidense, por fallo de una jueza federal del estado de Florida, en el país norteño, que refuerza el bloqueo económico, comercial y financiero contra la mayor de las Antillas.
Así lo denuncia hoy el diario Granma, y destaca que esta medida pretende atemorizar a quienes hacen negocios con Cuba, y reafirma la prohibición a los estadounidenses a visitar la isla, aunque, según la Casa Blanca, la libertad de viajar es un derecho de todas las personas.
La sanción obedece al título III de la ley Helms-Burton, que establece la protección a reclamos de propiedades nacionalizadas o expropiadas en Cuba, y fue activado en 2019 por autorización del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de permanecer inactivo desde la firma de la legislación, en 1996.
En virtud de ello, la jueza Beth Bloom determinó supuestos daños a la empresa Havana Docks, que tenía la concesión para explotar algunos de los muelles del puerto de La Habana antes del triunfo de la Revolucion cubana en 1959.
Granma puntualiza que las propiedades de esta compañía fueron confiscadas por el gobierno de Cuba, en uso de su soberanía, como cualquier nación independiente, pero Estados Unidos nunca quiso negociar, ni permitió a sus empresas afectadas que lo hicieran.
Según explica el texto, el 6 de julio de 1960 el gobierno cubano dictó la Ley 851, complementaria a la Ley Fundamental de 1959, que estableció el principio de expropiación forzosa por causa de utilidad pública.
Así se instituyó la forma de compensar la propiedad nacionalizada mediante los bonos de la República emitidos al efecto, y se dispuso la designación de peritos para valorar dichos bienes a los fines de su pago mediante la amortización de dichos bonos.
Precisa el rotativo que el Banco Nacional de Cuba creó un Fondo para el pago de expropiaciones de bienes y empresas de nacionales de los Estados Unidos, que se nutriría con el 25 por ciento de las divisas extranjeras, que correspondía a las compras de azúcar que cada año realizaba el país norteño.
Añade que los bonos devengarían dos por ciento de interés anual y comenzarían a pagarse en un plazo no menor de 30 años, sin embargo, Washington cortó la compra a Cuba de este rubro, lo cual hizo impracticable la Ley 851.
Más tarde, en febrero de 1962, el gobierno estadounidense prosiguió sus medidas contra la Revolución cubana, con el decreto del bloqueo, que luego sería reforzado.
El 12 de marzo de 1996 se firmó la llamada Ley para la libertad y la solidaridad democrática cubana, más conocida como Helms-Burton, por los nombres de sus principales promotores (Jesse Helms y Dan Burton).
Sus cuatro títulos se refieren a la internacionalización del bloqueo, a un plan de transición política, a la protección a reclamos de propiedades nacionalizadas o expropiadas en Cuba, y a la prohibición de entrada a territorio estadounidense de las personas demandadas en virtud del Título III.
Esta legislación viola las leyes y los derechos humanos del pueblo cubano, así como numerosos estatutos del derecho internacional, reguladores de las relaciones políticas, económicas, comerciales y financieras entre los Estados. (Tomado de ACN)
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