El Título 42, que permite expulsar a migrantes en Estados Unidos sin darles oportunidades de asilo, despierta hoy polémica entre quienes lo defienden para controlar la frontera y aquellos convencidos de que perjudica injustamente a los indocumentados.
En esta semana una coalición de 15 estados de tendencia conservadora lanzó un nuevo intento de mantener vigente la norma aplicada desde la presidencia de Donald Trump (2017-2021) y presentaron una moción para ser parte del proceso legal en torno a la orden, que debe expirar el 21 de diciembre.
Según el diario Los Angeles Times, las demarcaciones argumentan que sufrirán “daños irreparables ante la terminación inminente del Título 42” y dicen se les debe permitir presentar argumentos mucho antes de esa fecha.
En un comunicado, un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, la cual apoya la anulación de esa medida, puso en duda los motivos de los estados para mantener vigente la normativa.
“El Título 42 no tiene que ver con la aplicación del asilo en la frontera, sino con la salud pública, y estos estados no pueden alegar de manera creíble que su verdadero interés es la salud pública”, dijo Lee Gelernt.
El 15 de noviembre, un juez falló a favor de los grupos proinmigrantes, y calificó la prohibición de “arbitraria y caprichosa”.
El magistrado Emmet Sullivan determinó que la aplicación de esa política debe cesar inmediatamente para familias y para adultos que llegan solos.
Además, aprobó un pedido del Gobierno de Joe Biden de fijar el 21 de diciembre como plazo para que su orden entre en vigor.
De acuerdo con el canal CNN, las restricciones fronterizas bajo esa normativa fueron controvertidas desde el momento en que la administración Trump las anunció y entraron en vigor en marzo de 2020.
Entonces, los defensores de los derechos de los inmigrantes argumentaron que los funcionarios estaban usando la salud pública como pretexto para mantener fuera del país a la mayor cantidad posible de personas.
De igual forma, expertos del sistema sanitario criticaron la política y dijeron que no estaba justificada por las circunstancias.
El Título 42 además recibió cuestionamientos por ser aplicado en forma dispareja según la nacionalidad y afectar principalmente a los migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador, además de los mexicanos.
Había expectativas de que Joe Biden levantara la orden cuando asumiera el cargo, dadas las promesas de su campaña de construir un sistema de inmigración más humano, pero su administración extendió la disposición.
Las autoridades norteamericanas esperan que el fin del Título 42 provoque una nueva afluencia de inmigrantes y dicen que se preparan para diferentes resultados, incluida la posibilidad de que hasta 18 mil personas por día podrían intentar cruzar la frontera.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza notificó la detección en el año fiscal que finalizó el pasado 30 de septiembre de más de 2,76 millones de personas que pretendían pasar a Estados Unidos ilegalmente, el mayor número jamás registrado.
Sin embargo, opositores al Título 42 argumentan que las estadísticas oficiales sobre los encuentros en la frontera inflan la gravedad de la situación, porque los datos incluyen a personas que cruzan esa zona varias veces.
(Tomado de PL)
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