No es el censo, sino el consenso

Desde hace varias semanas los bolivianos han vuelto a las calles. Parecería que la disputa es en torno a la fecha del Censo de Población y Vivienda asumido como prioridad por el gobierno del presidente Lucho Arce Catacora. No obstante, los hechos confirman que esto es solo el pretexto.

Según declaraciones del Gobierno, el nuevo censo sería más estrecho y abreviado en plazos y en tiempos, pues debería tomar unos 928 días de trabajo; mientras que para el precedente (2012) necesitaron mil 663 días; y el de principios de siglo (2001), mil 695 días aproximadamente.

La propuesta gubernamental que ha provocado el disenso plantea que la recopilación de información, prevista a iniciarse en el 2023, debería posponerse para abril del 2024 a fin de garantizar la rigurosidad y estándares de calidad internacionales.

Según esta opción, la primera entrega de resultados ocurriría en septiembre del 2024 y sobre esa base se daría a conocer al mes siguiente, es decir, en octubre, la nueva distribución de recursos económicos y cupos legislativos por departamento. Vale recordar que los comicios generales están previstos para mediados del 2025.

El llamado Comité Interinstitucional de Santa Cruz, creado por el gobernador Luis Fernando Camacho, personaje de triste recordación por su participación en el golpe de Estado del 2019 contra el gobierno de Evo Morales, exige, en cambio, que la primera fase del censo ocurra en diciembre del 2023, que los resultados estén listos en junio del 2024, y que surtan efecto en septiembre de ese año.

La diferencia entre una y otra propuesta es de ¡apenas 1 mes!, pero la querella ha dejado un fallecido, decenas de heridos y notables pérdidas económicas. Camacho y sus seguidores implantaron un paro cívico en Santa Cruz desde el 22 de octubre cuyo matiz violento y racista no tardó en aparecer. Según se ha estimado, las acciones han ocasionado pérdidas económicas superiores a los 460 millones de dólares a los santacruceños.

El primer día de la movilización representantes del Comité Cívico de Santa Cruz asesinaron a golpes al funcionario municipal de Puerto Quijarro, Julio Pablo Taborga. El 28 de octubre el subgobernador de Ñuflo de Chávez, Daniel Velásquez, agredió a mujeres del pueblo ayoreo por oponerse al paro; y el martes 1 de noviembre manifestantes proCamacho atacaron a pobladores de La Guardia, que exigían el levantamiento de la medida de presión y que la dirigencia del Comité Interinstitucional aceptara dialogar con el Gobierno.

“No estamos viviendo en un Estado de derecho y eso el pueblo boliviano lo tiene que saber —dijo recientemente el vicepresidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz, Pedro Damián Dorado—. No podemos estar sometidos a un estado de dictadura con permanentes amenazas y agresiones, en permanente confrontación”.

El también alcalde del municipio de San Miguel de Velasco advirtió que la disputa real es por el poder: “Luis Fernando Camacho lo que busca es tomar el Gobierno nacional por asalto, tal cual ocurrió en 2019. Podrán seguir debatiendo el Censo, pero ese ya no es el tema de fondo para el Comité Interinstitucional”.

No obstante, y a pesar de los desplantes del Comité Cívico santacruceño, Arce Catacora ha intentado negociar. A finales de octubre tuvo lugar en Cochabamba el Encuentro Plurinacional por un Censo con Consenso, en el que participaron más de 300 autoridades locales y departamentales que nunca vieron llegar a Camacho y compañía.

Durante ese Encuentro se ratificó el censo como un proceso técnico, no político, y que debe estar apegado a los procedimientos establecidos por organismos internacionales como el Fondo de Población y Vivienda de las Naciones Unidas (Unfpa) y el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade).

El pasado viernes, en los predios de la Universidad Autónoma del Beni Mariscal José Ballivián, se instaló una Comisión Técnica integrada por medio centenar de especialistas en representación de asociaciones municipales, de las nueve ciudades capitales y El Alto, de las gobernaciones, de las autonomías indígenas, del Instituto Nacional de Estadística (INE), del Unfpa y Celade.

El presidente Luis Arce Catacora participó de la apertura de las sesiones a las que fueron invitados 11 rectores de las universidades públicas y dirigentes gubernamentales de jerarquía y representatividad diversas. El portavoz presidencial Jorge Richter declaró que la misión principal del equipo es definir la fecha definitiva del censo, negociaciones que podrían tomar entre 10 y 20 días de trabajo.

Mientras tanto, las fuerzas opuestas al Gobierno y al Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (Mas-IPSP) siguen optando por el desgaste y la guerra sucia. Para ellos poco vale que el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) confirme que el 51 % de la población boliviana evalúa de «positiva» la gestión de Luis Arce Catacora, y que el Banco Mundial (BM) reevalúe y la eleve hasta 4,1 % la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia para el 2022.

La verdadera batalla que se vive hoy en el Estado Plurinacional no es por el censo, es la oligarquía boliviana y regional que busca consolidar su poder económico y, de paso, retomar el político.

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