Cuba mantuvo en 2021 su política de tolerancia cero respecto a cualquier modalidad de trata de personas, según el más reciente informe sobre ese flagelo, publicado hoy en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Informe Nacional sobre Trata de Personas 2021 refiere que en el periodo acontecieron procesos y eventos con implicaciones importantes a nivel de país, los cuales permitieron reforzar aún más la prevención y enfrentamiento de la trata de personas y delitos conexos.
Precisa que se extendió por un año adicional la implementación del Plan de Acción Nacional para la Prevención y Enfrentamiento de la Trata de Personas y la Protección a las Víctimas (2017-2020), herramienta fundamental en la actuación coordinada entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil cubana para el abordaje a ese grave delito.
Al mismo tiempo, se comenzó a elaborar el nuevo Plan de Acción Nacional para el período 2022-2024.
Explica el reporte que, con el objetivo de fortalecer la prevención de hechos de trata de personas, los diversos actores estatales involucrados han mantenido la capacitación como uno de los elementos esenciales para aumentar la percepción del riesgo.
En 2021 se continuaron las acciones de cooperación y el intercambio oportuno de información con las organizaciones internacionales, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), el sistema de las Naciones Unidas y los organismos homólogos de países de la región y europeos, en aras de garantizar una prevención y enfrentamiento efectivos a la trata de personas.
Se mantuvo la atención especializada a las víctimas de trata identificadas en el informe anterior, así como a aquellas personas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, en particular niñas, niños, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, puntualiza el texto.
Añade que se juzgaron diez casos por delitos con rasgos típicos de trata de personas, cifra que denota la baja incidencia de este delito en el territorio nacional, resultado de acciones preventivas, de enfrentamiento, y también evidencia de la ausencia de redes delictivas organizadas radicadas en el país.
De esos casos, ocho se corresponden a la modalidad de trata con fines de corrupción de menores y dos de ellos incluyen la modalidad de trata con fines de proxenetismo, advierte el informe, y agrega que se identificaron 10 víctimas, todas ellas niñas.
Las sanciones penales para los victimarios oscilaron en el rango de cinco a 20 años de privación de libertad; de los 12 acusados identificados, cinco son hombres y siete son mujeres.
(Tomado de ACN)
