Desde hace unos días es frecuente hallar información pública en las redes sociales de Internet sobre la realización de sucesivos operativos de inspección para desarticular redes de acaparadores y revendedores de productos de primera necesidad, fundamentalmente alimentos, medicinas y productos de aseo, que se expenden a precios estratosféricos, con daño terrible para la economía familiar y la del país.
La realización sistemática de esas acciones es un reclamo popular desde hace ya tiempo, al ser estas medidas de las que mayor impacto y niveles de aprobación generan en la ciudadanía.
Hay tres vertientes críticas en este comercio de contrabando o bolsa negra que lucra con las mercancías que el Estado provee para la venta a la población en la red de tiendas minoristas u otros establecimientos comerciales.
La presencia de vendedores ilegales que pululan alrededor o dentro de las ferias o áreas de concentración de los trabajadores por cuenta propia; la reventa en las comunidades por los llamados coleros que acaparan turnos y sobornan o involucran a los trabajadores de las tiendas y a los organizadores de las colas; y un tercer escenario es el comercio ilegal —ya casi mayorista— a través de los grupos de venta en las redes sociales o los programa de mensajería digitales.
En esa triada posiblemente se concentre la mayoría de las actividades económicas ilícitas que ahora mismo más molestan, afectan y al mismo tiempo, involucran a más y más personas que inevitablemente caen en las redes de estos mercaderes de lo escaso.
La población mayoritariamente está de acuerdo con tales actuaciones de control, pero pide y necesita ir más allá de estos operativos y acciones puntuales, los cuales sin dudas tienen también un efecto disuasorio, para que quienes se aprovechan de las circunstancias económicas que atravesamos puedan calibrar el riesgo de su conducta y llamarse a capítulo.
La investigación no puede concluir con el decomiso de los productos sustraídos en casas almacenes o en plena vía pública. Hay que seguir el rastro del dinero y llegar hasta quienes suministran o permiten el desvío de esas grandes cantidades de mercancía.
De lo contrario las redes de reventa se reproducirán, y los operativos se harán infinitos, sin una efectividad real en el objetivo esencial: que los abastecimientos y productos de primera necesidad lleguen con el precio estatal a las manos de quienes más lo necesitan.
Los mecanismos de control en las tiendas y comunidades tienen que estar igualmente bajo constante supervisión. A la labor preventiva tiene que acompañarla la acción correctiva cuando se infringe la ley de modo reiterado.
Están muy bien los operativos contra la reventa abusiva de tales productos de primera necesidad. Aplausos para las autoridades que se zambullen de lleno en el enfrentamiento directo al problema. Hay que seguir profundizando, no obstante, para cortar el mal lo más cerca posible a la raíz, y así poder sacar a flote hasta eliminar o debilitar al máximo todas esas corruptelas que están detrás de la reventa.
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