Hace casi dos años, en octubre del 2020, los chilenos decidieron que ya era tiempo de derogar la Constitución de 1980, heredada de los tiempos del general golpista Augusto Pinochet. Hubo una consulta y cerca de un 80 % de los electores apostó entonces por un cambio en el que participaran las fuerzas vivas de la sociedad y no solo los legisladores.
Con ese espíritu, avivado por las protestas masivas que desde el 2019 mantenía a la gente en las calles, nació la Convención Constituyente, encargada de redactar una nueva Carta Magna. El pasado domingo 4 de septiembre consultaron ese texto y el 62 % de los más de 15 millones de electores decidió rechazarlo.
Podría parecer contradictorio, pero no lo es.
“Este no es un triunfo de la derecha, tampoco es ignorancia, influencia de las fake news, ni que la gente sea ciega, fue un voto de castigo a un Gobierno que no se ocupa de resolver los problemas concretos de las personas”, dijo a Trabajadores el periodista chileno Víctor Hugo Robles.
Una encuesta realizada en la primera semana de julio por Feedback Research, empresa con más de 25 años de trabajo en investigación de opinión pública y mercado en Chile, había confirmado que existía “una alta demanda de cambios por parte de la sociedad chilena (…). Un 44 % piensa que ‘la mayoría de las cosas en el país deben cambiar’ de manera ordenada y estable, y un 18 % cree que ‘debe haber un cambio radical’ en el menor plazo posible”.
El mismo estudio alertó, además, que “la opción del rechazo en el plebiscito de salida crece, desde un 44 % a un 52 %, situándose 18 puntos por sobre el apruebo (34 %). Aunque los temas que se consideran prioritarios para la nueva Constitución coinciden con las demandas ciudadanas —salud (17 %), pensiones (14 %), educación (12 %), quienes rechazan el nuevo texto lo hacen porque el texto constitucional despierta el temor de que ‘no todos van a ser iguales ante la ley’ (39%), y porque ‘con la plurinacionalidad Chile corre el riesgo de dividirse’, entre los factores más relevantes”.
Otros analistas locales y extranjeros encuentran explicaciones en la campaña comunicacional gestionada por cada bando y en las reales limitaciones que presenta el texto constitucional. El electorado exigió caras nuevas en la comisión redactora y así fue, dos terceras partes de los constituyentes carecían de militancia partidista, aunque sí tenían experiencia como activistas.
“Se sintieron triunfantes y engolosinados con la oportunidad de construir un país más parecido a ellos y así tejieron una colcha de retazos con 162 pliegos de buenos propósitos, que ampliaba los derechos de los ciudadanos pero también exacerbaba las diferencias. Lo hicieron desde una Asamblea que no estuvo a la altura de la responsabilidad de redactar la nueva Constitución para Chile”, sentencia Carmen Beatriz Fernández, profesora de Comunicación Política en la Universidad de Navarra, el IESA (Venezuela) y la Universidad de Pforzheim (Alemania).
Otra de las razones fue la obligatoriedad del voto en el plebiscito: “En Chile el voto había sido mandatorio hasta la elección del año 2010, con niveles de participación en torno al 80 %, mientras que con voto no obligatorio el promedio de participación está sobre el 47 por ciento. El plebiscito, con voto compulsivo, subió de nuevo a los valores tradicionales en tiempos del voto obligatorio, e impulsó a tomar partido a quienes son políticamente neutros y más apáticos, pero también más centristas”, reflexionó la académica, cofundadora de la Organización de Consultores Políticos Latinoamericanos.
Para muchos el rechazo es el primer revés político del presidente Gabriel Boric, quien asumió el pasado 11 de marzo y acaba de renovar su gabinete ministerial: “Junto a presidentes del Senado, la Cámara y partidos políticos de forma transversal, nos reunimos para acordar el avance hacia un nuevo proceso constituyente que dé certezas al pueblo que representamos”, dijo en Twitter recientemente.
Boric fue una de las caras más visibles del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución firmado el 15 de noviembre del 2019, que para algunos encauzó la protesta popular hacia una reforma desde lo institucional; mientras otros opinan que en realidad lo que consiguió fue salvar la cabeza del entonces presidente Sebastián Piñera y su élite parlamentaria.
No obstante, el nuevo mandatario, abogado y con apenas 36 años, está comprometido con el cambio. Se discute su credibilidad y anhelos de marcar la diferencia de esa casta de políticos demagogos y corruptos que abundan en las democracias latinoamericanas.
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