En medio de los fragores del verano acontece uno de los procesos más interesantes de nuestra economía planificada, tal vez sin toda la atención o el interés público que el hecho merecería.
Según informaba la pasada semana el periódico Trabajadores, más de 60 mil asambleas deben ocurrir en los colectivos laborales del país durante este mes de julio para analizar con los trabajadores las propuestas del plan y el presupuesto del 2023.
Este ejercicio que realizan las empresas y unidades presupuestadas para proyectar las cifras iniciales de su gestión para el siguiente año no debe pasar inadvertido, porque este es el momento donde es posible tomar la mayoría de las decisiones que incrementarían la efectividad de cada colectivo laboral.
Cuando llegan los primeros meses de cada año resulta usual que en cada centro de trabajo se conozca el plan y el presupuesto del año que comienza, y con razón muchas veces se dice: ¡pero para qué discutir lo que ya está aprobado!
El problema está en que esa previsión anual nace precisamente desde mediados del año anterior, en esta fase del análisis que ahora tiene lugar, en demasiado silencio quizás.
Al respecto, el movimiento sindical insiste en la importancia de discutir y enriquecer con cada colectivo laboral las ideas económicas primarias de todo lo que se hará en 2023.
La mayor autonomía que ahora detentan las empresas, según se ha expresado por dirigentes de la CTC, requieren de ese protagonismo del Sindicato en la base, para incidir mejor en esta etapa de elaboración del plan y el presupuesto.
A diferencia de prácticas anteriores donde los niveles superiores de dirección empresarial o los ministerios definían los llamados enmarcamientos o indicadores directivos que debían respetar las entidades a la hora de elaborar sus pronósticos económicos para el siguiente periodo, en la actualidad no existen tales límites impuestos desde arriba. Lo que pueda hacer cada colectivo depende entonces de su nivel de gestión, las iniciativas y las potencialidades que identifiquen entre sus integrantes.
Como objetivos que sí tienen prioridad, se plantea la necesidad de un mayor impulso a la producción de alimentos y al desarrollo territorial, el incremento de las exportaciones y de los bienes y servicios que beneficien a la población y disminuyan la inflación, mediante la movilización de las reservas de eficiencia y con el uso más racional de los recursos.
Por eso es determinante que los trabajadores participen en este paso previo, donde deben planificar cuáles serán las ventas, las utilidades previstas y sus destinos, los aportes al Presupuesto del Estado, el salario que devengarían y cómo mejorar las condiciones de trabajo, entre otras variables que deciden la satisfacción laboral.
Ya sabemos que las reuniones no suelen gustarnos, pero estas en particular hay que prepararlas bien, lo cual es responsabilidad de la administración y el Sindicato en todos los niveles de dirección.
Y de paso hay que echar un vistazo a cómo marcha el cumplimiento del plan y la ejecución del presupuesto de este 2022, año bastante enredado en lo económico, cuyos resultados podrían mejorar si el sistema empresarial se apropia y hace valer al máximo las medidas que flexibilizan su funcionamiento.
Para movilizar las neuronas con tales fines no hay que esperar siquiera a una asamblea. Existen múltiples espacios y formas de participación, incluso virtuales, que cada colectivo laboral puede aprovechar para enriquecer este ejercicio de previsión económica, donde debe primar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de los trabajadores.
Lo que sí no debe ocurrir es que se presente una propuesta de plan o presupuesto para el 2023 sin que antes se discuta con cada colectivo, para que todo el mundo meta las manos y lo haga suyo cuando llegue la hora de la verdad.
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