Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (Parlamento) analizaron hoy la versión 25 del proyecto de Código de las Familias, con vistas a la próxima sesión del órgano legislativo y referendo popular.
Desde el Capitolio Nacional, sede de la Asamblea, y a través de videoconferencia con los parlamentarios del resto del país, los presentes compartieron criterios sobre el texto que aboga por una mayor inclusión en la sociedad.
La vicepresidenta del Parlamento, Ana María Mari Machado, subrayó la necesidad de estudiar, profundizar y argumentar el contenido del nuevo proyecto, como parte del proceso de legislar con el pueblo.
“La ética familiar se recompone, desde un cambio cultural, que no discrimina a ninguna persona o familia”, escribió en su cuenta oficial en Twitter.
A la actividad acudieron miembros del grupo redactor de la normativa, el ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez, y el presidente de la comisión permanente de trabajo de Asuntos Constitucionales y Jurídicos en la Asamblea, José Luis Toledo Santander, quienes aclararon dudas sobre los cambios en el documento con respecto a versiones anteriores.
De acuerdo con Silvera, 15 mil profesionales del derecho participaron en la elaboración del texto y el 49.15 por ciento de los artículos fueron modificados.
Los miembros de la comisión redactora del proyecto trabajaron en el estudio y análisis de los criterios recogidos durante la consulta popular, desarrollada en todo el país desde el 1 de febrero y hasta el 30 de abril pasados y en la cual participaron más de seis millones de ciudadanos.
El documento jurídico será sometido al escrutinio de los diputados en el noveno periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional, previsto el día 21 de este mes en el Palacio de Convenciones de La Habana.
El proyecto de Código, que incorpora novedades sobre la responsabilidad parental, el matrimonio, la adopción, el enfrentamiento a la violencia de género y la atención a los adultos mayores, irá a referendo popular en septiembre próximo.
De aprobarse la propuesta, sustituirá la normativa actual que data de 1976 y dará continuidad a los derechos contenidos en la Constitución de 2019 y tratados internacionales de los que La Habana es parte. (Tomado de PL)
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