La Fiscalía General de la República continúa informando al pueblo sobre la respuesta legal a los hechos del 11 de julio de 2021, que atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad de nuestro Estado socialista.
Transcurrido el término para que los acusados o el Fiscal establecieran los recursos contra las sentencias dictadas, en ejercicio del derecho que les asiste legalmente, o por haber sido resueltos estos, informamos que, hasta el momento, la Fiscalía ha sido notificada por los Tribunales Populares de 76 sentencias que han adquirido firmeza.
Resultaron sancionadas 381 personas, incluyendo 16 jóvenes con edad entre 16 y 18 años, fundamentalmente por delitos de sedición; sabotaje; robo con fuerza y violencia; atentado; desacato y desórdenes públicos.
A 297 acusados se les impuso sanciones de privación de libertad, atendiendo a la gravedad y circunstancias en que ocurrieron los hechos y a la conducta personal. Por el delito de sedición los sancionados fueron 36, a los que se les impuso penas entre 5 y 25 años de privación de libertad.
A 84 acusados, se les subsidió la sanción de privación de libertad, por otras penas alternativas que no implican -en principio, bajo condición de buena conducta-, su ingreso a prisión, disponiéndose para ellos las de trabajo correccional con y sin internamiento, y limitación de libertad; en esta decisión se encuentran incluidos 15 de los jóvenes con edades entre 16 y 18 años.
Es importante señalar que el quebrantamiento de las obligaciones impuestas por el Tribunal en sus sentencias o la comisión de un nuevo hecho delictivo, trae como consecuencia la revocación de la sanción subsidiaria y el cumplimiento del resto de la pena originalmente fijada, en privación de libertad.
En las sentencias dictadas los Tribunales Populares se pronunciaron en cada caso por la responsabilidad civil de indemnizar a las personas que resultaron lesionadas, como consecuencia de los hechos cometidos, y la reparación de los daños ocasionados a las entidades.
En estos momentos corresponde el inicio del proceso de ejecución de las sanciones firmes impuestas, y durante su cumplimiento velar porque se alcancen los fines educativos, coercitivos y preventivos de estas, el reforzamiento de los valores, la rectificación de la conducta de los sancionados y su reinserción social.
Se verificó el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales del debido proceso
Al actualizar sobre el resultado de las investigaciones realizadas por los hechos del 11 de julio de 2021, la fiscal jefa de la dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República, Lisnay María Mederos Torres, comentó que, durante la tramitación de estos procesos, se verificó el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales del debido proceso y se controló las investigaciones practicadas por los órganos del Ministerio del Interior.
“Los abogados mantuvieron comunicación con sus representados, accedieron a las actuaciones y aportaron las pruebas que consideraron oportunas”.
Valoró que la decisión de la Fiscalía de ejercer la acusación ante los tribunales se sustentó en un conjunto de pruebas documentales, testificales y periciales. “Que permitieron establecer y determinar la participación de los acusados en hechos que tipifican como delito en el Código Penal vigente”.
Mederos Torres explicó además que, concluidas las vistas y notificadas las sentencias a las partes; en virtud de lo que establece la ley, los acusados y el fiscal establecieron recursos. “Una vez resueltos, permiten que adquieran firmeza las decisiones adoptadas por los tribunales”.
Como se informa en la nota publicada en el portal web de la Fiscalía cubana, hasta el momento han adquirido firmeza 76 sentencias con 381 acusados sancionados, de ellos 16 con edades entre 16 y 18 años; a 15 de estos jóvenes se les subsidiaron las penas privativas de libertad por otras alternativas.
Advirtió que el resto de los procesos continúa su tramitación en los tribunales. “En la actualidad nos encontramos en el proceso de ejecución de las sentencias firmes dictadas por los tribunales. Durante su cumplimiento corresponde velar porque se alcancen los fines preventivos y educativos que prevé la sanción”, concluyó.
En julio del año 2021, en distintas localidades se apedrearon instituciones oficiales, hospitales, casas de cambio (CADECA), establecimientos comerciales y de expendio de combustible; muchos de ellos, como consecuencia de la violencia generada, resultaron saqueados y sustraídos los bienes, provocándose cuantiosos daños; asimismo fueron asediados, volcados y dañados medios de transporte.
(Con información de la Fiscalía General de la República y Cubadebate)
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