El trabajo y la seguridad social tienen una singular importancia en el contexto de la impartición de justicia, y ello está dado por la sensibilidad de los asuntos que en este ámbito se resuelven, comentó Gustavo Méndez González, presidente de la Sala del Trabajo y de la Seguridad Social del Tribunal Supremo Popular (TSP).
En el contexto del Día del Trabajador Jurídico, Méndez González explicó que el Código de Procesos (Ley 141/2021) transversaliza todas las materias, es decir, incluye familia, civil, mercantil y del trabajo y de la seguridad social.
Tomemos en cuenta —aclaró— que se dirimen cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la estabilidad laboral de una persona, lo cual es un derecho. Sin embargo, acontecen situaciones, ya sea por la aplicación de medidas disciplinarias u otro tipo de actuación por parte del empleador quien, a su vez, debe cumplir ciertos requisitos. Existen límites que, de no tenerse en cuenta, el trabajador tiene derecho a reclamarlos al Tribunal para restablecer la legalidad que puede estar violándose y no respetándose en algunos casos.
Al indagar sobre cómo acceden los trabajadores a los tribunales, Méndez González manifestó que la norma contempla novedades y una de las principales es que ratifica la posibilidad de que los trabajadores participen de manera directa en los procesos, sin necesidad de representantes o abogados. “Muchos van a los bufetes y se asesoran, otros se defienden por sí mismos”.
No solo existe la oportunidad de presentar la demanda de manera escrita —aseveró—, sino que se puede realizar de forma oral. Y eso es fundamental, teniendo en cuenta la diversidad de sujetos y casos. Hay quienes tienen suficiente capacidad y preparación profesionales, en tanto otros no las poseen.
El Código de Procesos dispone que cuando un trabajador (bajo cualquier circunstancia) va al Tribunal, el secretario encargado de la actividad está en el deber de levantar un acta y establecer la demanda.
Esto es importante conocerlo, ya que contamos con una norma que se acerca a lo justiciable, en el sentido de las personas que acuden a los tribunales a reclamar sus derechos en esta materia, enfatizó.
Otra de las novedades de la Ley 141 es que permite y desarrolla el derecho de acceso a la justicia; facilitando el camino de los trabajadores a los tribunales, de una manera más fácil, sin trabas.
Brinda la posibilidad de que quienes viven en un municipio puedan presentar la demanda allí, al margen de que el centro de trabajo radique en otro territorio.
Pero lo más trascendente de este Código se relaciona con el restablecimiento de la segunda instancia, que es el derecho a establecer recurso de apelación contra las sentencias que dictan los tribunales municipales (primera instancia judicial).
Hasta diciembre del año 2021 los trabajadores —afirmó—, conforme a la ley de proceso anterior, se presentaban en los tribunales municipales donde la sentencia dictada adquiría firmeza, ahora existe la posibilidad de acudir al Tribunal provincial.
O sea que esta norma, de cara a la Constitución, desarrolla el artículo 94 del debido proceso. En nuestra materia eran muy limitados los asuntos que podían acceder a la apelación. El Tribunal cuenta ahora con tiempos más ágiles para resolver los casos y puede rectificar cualquier decisión que la instancia inferior haya acordado. No obstante, aun cuando sea firme la decisión del tribunal, el trabajador o el empleador inconformes pueden acudir al Tribunal Supremo. Los cambios en la ley obedecen a la forma en que los trabajadores acceden a la justicia del trabajo.
Ahora quienes forman parte del sector estatal (la mayoría en el país) pueden reclamar al Órgano de Justicia Laboral. Insatisfechos con la decisión, tienen la oportunidad de acudir a los tribunales municipales para establecer su demanda y lo que esta instancia resuelva puede ser recurrido en apelación ante el Tribunal provincial.
Resulta esencial dominar tales alternativas, pues es la manera de estar amparados conforme al Código de Procesos, y al Código de Trabajo, lo que se negocia en el Convenio Colectivo de Trabajo y otras normas que el país regula.
