Cuba es y seguirá siendo un baluarte de dignidad y decoro, un baluarte en la defensa y garantía de los derechos de las personas naturales y jurídicas, señaló Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), al dejar esta mañana inaugurado en el Palacio de Convenciones de La Habana el X Encuentro Internacional Justicia y Derecho.
Este congreso tiene lugar, aseveró, en momentos en que el mundo convulsiona, estremecido por nefastos acontecimientos que se manifiestan en distintas regiones del planeta y, lamentablemente, el derecho y la justicia sufren también los desmanes de la violencia y el abuso cuando sucumben o se le somete por la fuerza a intereses mezquinos de grupos de poder que los manejan y pisotean a su antojo.
Los efectos de esa manipulación inescrupulosa se manifiestan y materializan con la adopción de disposiciones y resoluciones parcializadas e injustas a las que se arriba mediante interpretaciones retorcidas y sesgadas de las leyes realizadas por jueces y otros funcionarios corruptos.
Frente a ese deplorable comportamiento —dijo— se yerguen los hombres y mujeres honorables y virtuosos como los que nos acompañan en esta sala, que allí donde les corresponden, enaltecen con sus actitudes y acciones la prevalencia del derecho y la justicia con sus inseparables atributos democráticos y éticos.
Al iniciar sus palabras, Remigio Ferro, a nombre de los tribunales de justicia y de los miembros de las instituciones e entidades del sector jurídico del país, señaló las sentidas condolencias “por el trágico accidente ocurrido hace apenas unos días en un hotel de esta ciudad, a consecuencia del cual perdieron la vida 46 personas y 99 resultaron lesionadas”.
Sobreponiéndose a la tristeza, resaltó la satisfacción de los integrantes del sistema judicial y de la comunidad de juristas cubanos en general, por retomar la realización de esta prestigiosa “fiesta” de la ciencia del derecho y la justicia.
Explicó que la situación generada por el virus del SARS CoV-2, impidió el reencuentro en el 2020 y en el 2021, hasta que en estos momentos (rebasada en lo fundamental la influencia de la nociva epidemia) es posible la realización de este evento que se consolida como un foro privilegiado para el debate sobre temas actuales y perspectivos de la impartición de justicia en nuestros países mediante la socialización de saberes y experiencias.
Explicó que en la edición anterior de este encuentro se anunció que Cuba estaba inmersa en la actualización de su modelo de desarrollo económico y social como parte de la cual se han realizado profundas transformaciones, acompañadas de las necesarias disposiciones normativas.
Comentó que el 10 de abril del 2019 se proclamó la nueva Constitución de la República de Cuba que definió la nación como un estado socialista de derecho y de justicia social; ratificó el carácter genuinamente popular de la impartición de justicia y reforzó los derechos y garantías de las personas.
Las disposiciones transitorias de esta Carta Magna encomendaron al Sistema de Gobierno del Tribunal Supremo Popular la presentación oportuna a la Asamblea Nacional del Poder Popular de los proyectos de leyes que actualizaran y atemperaran a las disposiciones del texto constitucional las normas relacionadas con los procedimientos procesales y la organización y funcionamiento de los tribunales de justicia.
En cumplimiento de ese mandato —acotó— en el transcurso de los últimos meses se propusieron a la Asamblea Nacional y resultaron aprobadas 9 leyes que transforman profunda y creativamente nuestro sistema judicial y procesal, con estricto apego a nuestras tradiciones y cultura jurídica y enriquecidas con las experiencia del Derecho comparado, los tratados internacionales ratificados por el país y los resultados de numerosas tesis de investigación.
Aseguró que la entrada en vigor de estas disposiciones pone a prueba la preparación, pericia, competencia y destreza de todos los operadores del Derecho y de la actividad judicial del país, sobre todo a los magistrados y jueces desde su posición de garantes de los derechos e intereses de las personas, la seguridad jurídica y la paz social.
Una vez puestas en vigor estas normas, su proceso de implementación implica un reto extraordinario que abre paso a la capacidad creativa, al plantear nuevos enfoques y modelos de actuación determinados por las modificaciones legales introducidas.
En otro momento de su intervención, resaltó el papel activo y creador que debe asumir el juez en todo el proceso y afirmó que en nuestro país su misión rebasa la de ser meros aplicadores de normas y disposiciones.
Su tarea implica, además, el deber de hacerlo con claro sentido de lo justo, de manera que su actuación se caracterice no solo por su sustento legal, sino por su transparencia, por el nivel de humanismo, equidad, racionalidad y adecuada ponderación como servidores públicos, enfatizó el presidente del TSP.
Los jueces y demás juristas cubanos aquí presentes —continuó— estamos ávidos y ansiosos por escuchar y aprender de las exposiciones y comentarios de quienes han venido a ofrecernos generosamente sus experiencias y sabidurías sobre los temas que nos ocupan y, a la vez, estamos listos para exponer y debatir nuestra realización y puntos de vista.
Como parte de la jornada inaugural el Doctor en Ciencias Juan Mendoza Díaz, Premio Nacional de Derecho 2021, y presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Procesal de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, dictó una conferencia magistral sobre la reforma procesal multidireccional cubana derivada de la Constitución de 2019.
En el encuentro participan 259 delegados cubanos, entre magistrados, jueces, fiscales, abogados, litigantes, profesores y estudiantes de todas las modalidades de estudio vinculadas con el Derecho, profesionales de la investigación criminal, entre otros.
De igual manera, más de 250 jueces de los tribunales provinciales del occidente y el centro del país y, por primera vez, 303 delegados participarán vía online.
Asisten además 67 delegados e invitados de 17 países de Latinoamérica y el Caribe, Europa, Asia y África.
En la inauguración estuvieron presentes Teresa Amarelle Boué, miembro del Buró Político y secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas; Homero Acosta Álvarez, secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado; Yamila Peña Ojeda, Fiscal General de la República; Gladys Bejerano Portela, Contralora General de la República, y Oscar Manuel Silvera Martínez, Ministro de Justicia, entre otros invitados nacionales y extranjeros.
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