Con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el seguimiento de los debates por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, sin estar en el salón plenario, se efectuó este domingo el segundo día de la Quinta Sesión Extraordinaria correspondiente a la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
En la sesión, conducida por el Presidente del Parlamento Esteban Lazo Hernández, se fortaleció el sistema de justicia penal al aprobarse la Ley del Código Penal; de Ejecución Penal: y del Proceso de Amparo a los Derechos Constitucionales y Jurídicos.
Las tres son el fruto de la elaboración colectiva y plural por parte de expertos en la materia, otros profesionales, personas de diversas instituciones, diputados y el pueblo, mediante un amplio proceso de consulta que generó numerosas propuestas incorporadas en su mayoría al cuerpo de las leyes, que además tienen un alto componente científico y de innovación.
Los textos fueron publicados previamente en los sitios web de la Asamblea Nacional y del Ministerio de Justicia, con vistas a que fuesen conocidos por la población y aportaran sus opiniones.
Aún así se suscitó un intenso debate en el cual el diputado Jorge González Pérez expresó una gran verdad: en Cuba las leyes parten del pueblo. En contraste, los engendros legislativos procedentes del Norte nombrados como los personajes retrógrados que se prestan a plasmar en leyes las aviesas intenciones de destruirnos, no pueden impedir que los cubanos continuemos e insistamos en perfeccionar nuestro Estado socialista de derecho, que con estas nuevas normas jurídicas busca proteger los intereses colectivos e individuales refrendados en la Constitución de la República.
Hoy lunes continuará la agenda legislativa con el análisis de dos proyectos de leyes referidos a los Derechos del Autor y del Artista Intérprete; y de Protección al Patrimonio Cultural y al Patrimonio Natural.
El tratamiento de ese número de normas juridicas —ocho— en una Sesión, responde a la voluntad política del Estado de que no quede sin abordar desde el punto de vista legislativo contenidos esenciales de la Carta Magna.
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