Estados Unidos publicó este martes su más reciente informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, documento en el que obvia sus problemas internos y señala preocupación por lo que ocurre en otros países, como Cuba.
La National Urban League (NUL) divulgó justamente la víspera un reporte sobre la situación de la población negra en Estados Unidos en 2022 y sus conclusiones resultaron un reflejo de la desigualdad y el racismo sistémico en el país norteamericano.
La NUL detalla que, sin contar cuestiones relativas a la violencia policial, la población afrodescendiente está en desventaja en aspectos como los ingresos económicos, que son inferiores en un 37 por ciento en comparación con los blancos, y tienen menos probabilidades de beneficiarse de una casa en propiedad.
Por otro lado, las restricciones adoptadas en varios estados a la posibilidad de realizar abortos y las legislaciones en una veintena de territorios con obstáculos para el acceso de las minorías a las urnas atentan contra los derechos reproductivos y políticos de una parte de la población estadounidense.
Además, Estados Unidos es la única economía avanzada del planeta sin contemplar bajas o vacaciones garantizadas por ley y, según la Confederación Sindical Internacional, es el peor país desarrollado en cuanto a derechos de los trabajadores.
La organización Human Rights Watch, muy crítica con gobiernos de izquierda, documentó a inicios de este año retrocesos en cuanto a los más elementales derechos ciudadanos en el territorio norteamericano que incluyen los problemas raciales, la actitud hacia la inmigración, así como la eliminación de normas que protegen el medio ambiente y la salud pública.
Con ejemplos como los mencionados anteriormente, -aunque hay muchos otros, incluso relacionados con la política exterior de Washington,- cabe preguntarse, ¿puede Estados Unidos ser el árbitro de los derechos humanos en el mundo?
El texto elaborado por el Departamento de Estado clasifica en función de sus propias directrices a otros países en “buenos o malos”.
El extenso informe, correspondiente al ejercicio de 2021, es el segundo publicado por la administración de Joe Biden y, al igual que el año pasado, reprueban la actitud de Cuba, pero dejan fuera que durante más de 60 años imponen a la isla el bloqueo económico, comercial y financiero.
El gobierno cubano reiteró que el cerco unilateral constituye la mayor violación de los derechos humanos en el país caribeño y es el principal obstáculo a su desarrollo económico.
El canciller de la isla, Bruno Rodríguez, aseguró que Estados Unidos miente para justificar las medidas de bloqueo criminal que violan los derechos humanos del pueblo cubano.
“El proyecto de justicia social y solidaridad internacional de Cuba es un referente en la protección y promoción de los derechos humanos”, escribió Rodríguez en Twitter.
La sección dedicada a Cuba en el informe estadounidense se refiere a los disturbios del 11 de julio de 2021, cuando cientos de personas salieron a las calles de la isla alentados desde el exterior, según afirman las autoridades cubanas.
De acuerdo con La Habana, esas protestas -ocurridas en medio de una situación tensa provocada por la COVID-19 y el bloqueo económico- incluyeron hechos violentos y formaron parte de una campaña promovida desde Washington para impulsar un cambio de régimen en la nación antillana.
El gobierno estadounidense en su texto señala supuestas violaciones a los derechos de los acusados por su participación en los disturbios, un proceso legal que respetó las garantías de los detenidos y las leyes del país, según aseguraron sus familiares y autoridades del sistema judicial y familiares.
La administración norteña calificó a Cuba como “Estado autoritario” por la existencia de una única fuerza política (el Partido Comunista) y por su sistema electoral, ambas cuestiones establecidas en la Constitución de la República, refrendada por la mayoría de los cubanos en 2019.
La subdirectora de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores Johana Tablada dijo que la campaña de desinformación que lidera y financia Washington no responde a la situación real de derechos humanos en la isla.
La diplomática describió como un descrédito para el gobierno estadounidense impulsar una política engañosa que derrocha millones en una campaña de desinformación a gran escala contra Cuba, su población, sistema de salud y fuentes de ingresos legítimos.
(Tomado de PL)
