La Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (Anir) tiene que estar a la altura de sus asociados, representarlos bien y exigir por el cumplimiento de las normas jurídicas que respaldan legalmente esas soluciones creativas que hacen posible la sostenibilidad de numerosos procesos de la producción y la prestación de servicios.
En ese principio insistió en Las Tunas, Lidier Águila Machado, presidente de la organización en el país, toda vez que se trata de un asunto vinculado con el desempeño de sus cuadros, profesionales o no, y el interés con que las direcciones administrativas apoyen y gestionen la actividad innovadora.
Los asistentes al balance del trabajo realizado en el 2021 en este territorio oriental insistieron, y con mucha razón, en que el primer innovador debe ser el director, observación que tiene que convertirse en referente para el accionar en tiempos de carencias.
En el informe, presentado por Yaneisy Ávila Escalona, presidenta del Buró Provincial de la Anir, hay reseñas de lo logrado por los innovadores de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Muebles Ludema con el aprovechamiento de remanentes de las materias primas utilizadas en sus producciones principales.
Por esos mismos derroteros transitaron sus colegas del Comité de Innovadores y Racionalizadores de la UEB 26 de Julio, de la Empresa Cárnica, quienes introdujeron mejoras tecnológicas en la conformadora de croqueta y recuperaron otra máquina para la elaboración de hamburguesas.
Hay otros buenos ejemplos en las empresas Láctea, Calderas Alastor, Taller Provincial de Electromedicina, Etecsa, donde el denominador común es el trabajo coordinado de todos los factores del centro.
En el informe se señala que los buroes municipales no han sido proactivos para garantizar la mayor cantidad de innovadores y colectivos con posibilidades para recibir estimulación monetaria.
En la etapa evaluada, de las 100 entidades existentes en el territorio con actividad innovadora ─obligadas por ley a tramitar ese pago─ 32 no lo hicieron y 213 innovaciones quedaron sin pago. Lógicamente, los autores no recibieron los beneficios que la ley establece.
Pero, hay más violaciones relacionadas con desacato a mandatos que establecen la obligación del empleador a prestar ayuda técnica gratuita a los innovadores y racionalizadores para la realización de sus proyectos; planificar presupuestos que garanticen financiamientos para esta actividad y la creación de condiciones propicias, “algo que es una responsabilidad administrativa y sindical”, enfatizó Lidier Águila Machado, presidente de la organización en el país.
