Cargando...Desde hace ya bastante tiempo quienes asistimos a encuentros y reuniones sobre la informatización de la sociedad cubana escuchamos hablar acerca de la implementación de la firma digital en Cuba.
La firma digital, para empezar con lo más básico, no tiene nada que ver con esa práctica bastante primitiva e insegura que a veces vemos por ahí, de escanear los rasgos de la firma escrita de un individuo, y añadirla al imprimir un documento cualquiera.
No es eso, no. Una firma digital es un código o marca única, que se genera y luego se lee mediante un programa informático de criptografía, lo cual permite asegurar a quien recibe el mensaje firmado que lo emitió el individuo o entidad que creó ese documento, sin alteraciones de ningún tipo por el camino.
Está práctica no solo tiene la seguridad como una de sus ventajas principales, sino que en el ámbito del ahorro de recursos permite economizar desde el tiempo hasta el papel.
Por supuesto, la firma digital requiere de tecnologías, aprendizajes y prácticas sólidas y asentadas detrás. Por eso desde que en 2016 comenzara el funcionamiento del llamado mecanismo de Llave pública, sobre el cual se establece la firma digital, y que dos años después se reconociera jurídicamente en el país la validez de los documentos firmados electrónicamente, hubo un largo recorrido de creación de condiciones para su aplicación de forma generalizada, la cual parece estar ahora mismo lista para iniciar su despegue.
Así lo indica un reciente acuerdo del Consejo de Ministros que busca acelerar la introducción de la firma digital en las entidades y organismos del Estado, el gobierno y las finanzas, una tecnología que ya usan en el país varias instituciones con carácter experimental.
Lo más novedoso quizás en este trayecto fue el comienzo a finales del pasado año del uso de la firma digital para personas naturales, a partir de su uso por la Oficina Nacional de Administración Tributaria (Onat) para identificar a sus contribuyentes, una iniciativa que cobró más relevancia en el contexto de la Covid-19, cuando la atención al público debió buscar nuevas maneras de funcionar sin la presencia física en las oficinas municipales.
Todavía son pocos, sin embargo, los certificados de firma digital que la Onat expidió para quienes ya podrían así validar sus pagos al fisco, sus declaraciones de impuestos y otros trámites. Pero no hay dudas de que ese es el futuro para todas las instituciones que requieren autenticar en línea su relación con la ciudadanía u otras entidades.
Hay que resaltar además que ya existe una aplicación para emitir esas firmas desde los teléfonos móviles, cuyo nombre es eFirma, y nació de la colaboración de la empresa estatal Softel con un grupo de programadores privados que ya hoy constituyeron una mipyme.
Por eso resulta muy significativo que el ejemplo en ese uso de la firma digital parta también de las instancias financieras y gubernamentales, por lo que ello podría representar en mayor eficacia de una administración pública que necesitamos sea más ágil y moderna.
Tanto para el ansiado Gobierno Digital como para las personas que requerimos sus servicios, la firma digital tiene que llegar ser entonces una forma novedosa y segura de vinculación, que nos haga —por sobre todas las cosas— la vida más fácil.
Muy buen artículo y aclaratorio