El primer paso para resolver el problema de las personas vulnerables es darles empleos, enfatizó Manuel Marrero Cruz, primer ministro cubano, durante el balance este viernes de los resultados en 2021 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
El también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido insistió en la necesidad de generar más puestos de trabajo, al recabar un proceso intencionado para abordar ese asunto, donde todavía existen fenómenos contradictorios como el subempleo y las plantillas infladas, que requieren de profundización.
Hizo referencia además, al poco uso del pluriempleo y a algunas distorsiones iniciales en la implementación de la nueva política salarial que ofrece a las empresas total autonomía para determinar los ingresos de sus trabajadores.
Marrero Cruz insistió en partir de una visión y comprensión de la complejidad de los tiempos actuales, que requiere en primer lugar una estrategia política e ideológica para defender a la Revolución, como garantía última de cualquier transformación.
Insistió en la magnitud del bloqueo y en la matriz de opinión que a través de la guerra mediática se quiere imponer para quitarle peso a sus efectos, y responsabilizar al gobierno cubano por todas las dificultades que atraviesa la economía.
La dimensión de los cambios realizados en la agricultura, la industria azucarera y el sistema empresarial, también fue referida por el Primer Ministro, quien expresó que no se está satisfecho aún con tales cambios, y anunció que habrá un seguimiento más estrecho de esas transformaciones.
Durante el intercambio con los directivos del sistema del Trabajo y la Seguridad Social, el alto dirigente se interesó por la forma en que se controlan las medidas aprobadas para el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia.
Hizo referencia a irregularidades que se deben estudiar, como las personas que proveen servicios a esos negocios particulares sin declararse como empleados, o la contradicción entre el ejercicio por cuenta propia y las disposiciones de planificación física y los gobiernos locales en materia de ordenamiento territorial y urbano.
Marta Elena Feitó, ministra de Trabajo y Seguridad Social, recordó que en los inicios del trabajo por cuenta propia los gobiernos locales establecieron ordenanzas con reglas claras que deben ser rescatadas.
También alertó sobre lo negativo que resulta para los propios trabajadores su labor en condiciones de empleo informal, por las consecuencias y desprotección social que ello implica a mediano y largo plazo.
No estamos promoviendo políticas prohibitivas, porque ordenar no es prohibir, expresó Marrero Cruz, al llamar la atención sobre otras nuevas realidades como la conversión de las ventas de garaje en establecimientos fijos, una tendencia que es preciso observar.
En materia de organización del trabajo y los salarios, los asistentes apuntaron que medidas como la distribución de utilidades todavía no resultó el pasado año en la palanca que se pretendía, pues solo el 39% de los trabajadores que laboran en el sector empresarial estatal recibieron ingresos por ese concepto en 2021, con una cuantía promedio mensual de mil 317 pesos por trabajador.
La descentralización del diseño del sistema salarial hasta la empresa, con la posibilidad de crear su propia escala, también mereció análisis en la reunión, cuyo informe precisó que el pasado año tuvieron esa potestad cerca de 200 empresas que abarcan a más de 275 mil trabajadores, equivalente al 18% de ese sector. Para el 2022 está previsto que 754 empresas hagan uso de esa facultad, lo cual comprenderá a más de 718 mil trabajadores.
La aplicación de las nuevas tecnologías para mejorar la gestión de los recursos humanos, el perfeccionamiento de la prevención y el trabajo social, y la modernización de los medios de pago para las personas jubiladas y asistenciadas también merecieron la atención de los participantes en el balance, al cual asistió igualmente Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación.
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