Por estos días trascendió la noticia de la bebita de Caibarién que tuvo que ser operada de urgencia por una extraña tumoración congénita, en una cirugía inédita que movilizó a equipos médicos de Villa Clara y La Habana. Una historia entre tantas que avalan algo que en Cuba todas las personas sabemos. Los derechos de las niñas y los niños, su salud y educación, su felicidad y seguridad, son palabras sagradas.
Por eso me resulta sorprendente que a estas alturas del siglo XXI, haya todavía quienes caigan en la trampa de creerse ciertas campañas de oscuro origen y peores intenciones, sobre el propósito de dañar a nuestros infantes y quitarles autoridad legal a sus padres con el futuro Código de las Familias.
Como se ha explicado y se seguirá haciendo, el proyecto de Ley introduce el término responsabilidad parental en lugar de la noción antigua de Patria potestad, lo cual para nada implica que les vayan a restar autoridad a madres y padres sobre su descendencia.
Lo que sí se busca el Código es continuar en ese camino de protección consciente de nuestra infancia, en correspondencia con los principios internacionales más modernos que propugna la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que Cuba es parte.
El ejercicio de la autoridad y la ascendencia que como padres o madres tenemos sobre nuestros hijos no depende para nada de una ley, sino de la manera amorosa, responsable y desde el ejemplo personal, en que les acompañamos en su crecimiento.
El proyecto del Código de las Familias plantea que los menores de edad también tienen derecho a que se les escuche en las decisiones que les afectan, en concordancia con madurez gradual.
¿Acaso no es usual, por poner un ejemplo elemental y sin mayor trascendencia aparente, que un niño o una niña muestren desde muy temprana edad que prefieren una u otra ropa para ir de paseo? ¿No debemos escuchar también, en la medida de lo posible y prudente, los deseos, gustos e intereses de los infantes?
Y esto no son inventos cubanos. La representación de la Organización de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en nuestro país ya reconoció la armonía que existe entre el proyecto de Código y las normas recomendadas internacionalmente.
Los conceptos deben y tienen que cambiar de nombre cuando varían sus contenidos. Y esa defensa cada vez mayor del bienestar de nuestros hijos e hijas, transita también por modificar nociones que ya la práctica social viene superando. No vivimos en la época antigua donde el padre ejercía un poder exclusivo, y no pocas veces abusivo, sobre su descendencia; que partía de considerar al niño o niña como un ente sin voluntad ni valor.
Por eso la idea de la responsabilidad parental enfatiza que ser madre o padre es un compromiso por el bienestar de los infantes, mediante el amor y el respeto, no la imposición ni el abuso. Ello para nada implica que no debamos educar y trasmitir valores a quienes aún requieren de esa influencia para su formación.
Niños y niñas tienen derecho a ser escuchados de acuerdo con su capacidad para tomar decisiones, asumir responsabilidades y ejercer derechos, de acuerdo con su madurez y desarrollo. De eso se trata la autonomía progresiva, que no quiere decir de ninguna manera que los menores de edad se mandan ni que pueden hacer lo que quieran sin escuchar a sus padres.
Porque en Cuba, como dijimos al inicio, los derechos de niñas, niños y adolescentes, su salud y educación, su felicidad y seguridad, son palabras sagradas. Y escucharlos y valorarlos, también es un modo de cuidarles.
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