En medio del aislamiento que impuso la COVID-19 entre el 2020 y el 2021, las fuerzas políticas y sindicales de Uruguay consiguieron organizar una Comisión Prorreferéndum que recolectó 800 mil firmas y abrió un espacio de diálogo acerca de la polémica Ley de Urgente Consideración (LUC), impulsada por el Gobierno de Luis Lacalle Pou.
Más que una ley, parece un Código que pretende reformarlo todo de una sola vez, dijeron expertos, quienes la calificaron de “ley ómnibus”, pues el legajo de 476 artículos modificó o derogó temas contenidos en el Código Penal, Ley de Procedimiento Policial, Código del Proceso Penal, Ley General de Educación, Código de la Niñez y la Adolescencia, y Ley de Inclusión Financiera, las cuales habían sido evaluadas y aprobadas, en su momento, por el Parlamento uruguayo. La LUC, en cambio, fue discutida en solo 75 días, 45 jornadas con los diputados y 30 con los senadores.
“Se le envió desde el Poder Ejecutivo en plena pandemia sanitaria y una de las mayores crisis socioeconómicas que nuestro país tenga memoria. Cuando la gente se estaba quedando sin trabajo, cuando se multiplicaban las ollas populares para que muchas familias tuviesen algo para saciar el hambre, el Gobierno decide despachar un proyecto catalogado de urgente, cuando la verdadera emergencia era la gente”, escribió en la prensa local el diputado por el Frente Amplio (FA), Álvaro Lima.
Dentro de los artículos más cuestionados se encuentran los que coartan garantías y libertades individuales en materia de seguridad, derechos sindicales y de expresión. El artículo 468 por ejemplo, limita el derecho a la protesta y abre las puertas a que la policía, sin autorización judicial, pueda ir en contra de acciones adoptadas por los trabajadores en defensa de sus derechos.
Otro punto álgido es el impacto en la Ley General de Educación, de la cual modificó 33 artículos, “dando lugar a una reforma de corte neoliberal, que atenta contra los más altos principios que rigen nuestra institución desde sus orígenes”, dice un comunicado de la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (Afutu).
Los cambios estructurales impuestos a este centro han colocado la educación técnica al servicio del mercado. La denuncia de los docentes afirma que suprimieron asignaturas, redujeron otras, y en general, debilitaron el componente profesional y de formación integral de las carreras técnicas. A la vez, eliminaron los Centros Educativos Comunitarios (CEC), opción que atendía las necesidades de superación de los jóvenes de sectores vulnerables.
Muchas de estas transformaciones conducen a la “disminución considerable en la cantidad de horas docentes, lo que redunda en una pérdida de fuentes de trabajo”, revelaron desde Afutu.
No es difícil entender entonces el apoyo obtenido ante el llamado a organizar una consulta popular para derogar 135 artículos (28 %) de la LUC, los cuales “generan un impacto negativo o un retroceso en materia de derechos conquistados para la ciudadanía”.
El referendo tendrá lugar el venidero 27 de marzo. Desde los primeros días de febrero el Gobierno reforzó su artillería por el Vota No, identificado con el color azul. En tanto, la campaña del Sí, de rosado, lidereada por el Frente Amplio, recorre ferias vecinales, carnavales y otros espacios públicos.
Días atrás, 42 dirigentes políticos que pertenecen a Unidad Popular y a cuatro de los cinco partidos que conforman la coalición de Gobierno (Colorado, Nacional, de la Gente y Cabildo Abierto) firmaron una carta de adhesión al Sí, porque la LUC es “la ley de la prepotencia, que implementa modificaciones que implican un retroceso en derechos adquiridos, disminución de las garantías individuales, recortes en gasto social”.
El pasado sábado, en un evento organizado a propósito de los 51 años del FA, su nuevo secretario general, Fernando Pereira, ratificó que apuestan al trabajo directo con las personas para ganar en esa “jornada democrática donde cada uno de nosotros podrá derogar una ley que, desde nuestro punto de vista, es de mala calidad democrática”.
Los organizadores del referendo han insistido en que no buscan evaluar el desempeño del Gobierno. No obstante, algunos votantes han adelantado que su voto será de castigo. Estudiosos también afirman que el resultado podría impactar en los comicios presidenciales uruguayos previstos para el 2024.
