La celebración este martes de reuniones piloto en cada consejo popular marcará el inicio de la consulta del proyecto de ley del Código de las Familias, proceso que se extenderá hasta el 30 de abril próximo y para el cual están creadas todas las condiciones, según han afirmado las autoridades electorales.
En el ejercicio, dijo, participaron integrantes de todas las circunscripciones del país, agrupados por consejos populares, unido a los miembros de los consejos electorales municipales, provinciales y a nivel nacional. Además, se sumaron juristas que acompañarán a las autoridades electorales y los que componen los dúos de revisión y procesamiento de las propuestas.
Como ya se había informado recientemente, hasta la fecha se han establecido más de 78 000 puntos de reunión en el país, a razón de 150 electores como promedio, cifra que responde al cumplimiento estricto de las medidas higiénico-sanitarias frente a la pandemia.
Además, fueron constituidas 12 513 comisiones electorales de circunscripción, 109 especiales, unido a las de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio de Relaciones Exteriores, pues también la comunidad cubana en el exterior podrá participar en las reuniones que acontecerán en embajadas y oficinas consulares.
De acuerdo con los datos ofrecidos, la organización de la consulta popular incluye a más de 900 000 personas, lo que habla, a todas luces, de la envergadura del proceso. Y si algo ha distinguido esta etapa previa ha sido la capacitación, la cual ha llegado a los más de 15 000 juristas que participarán en el ejercicio, de los cuales 1 606 son estudiantes.
María Esther Bacallao reiteró que son las comisiones electorales de circunscripción las que dirigen, de conjunto con los juristas seleccionados, las reuniones de consulta, y, con el apoyo de las organizaciones de masas, garantizan que a cada elector le llegue la convocatoria para participar en el encuentro correspondiente.
Subrayó que para la recogida de los planteamientos se mantienen las categorías de modificación, adición, eliminación y dudas, al tiempo que se han incluido las de favorable y otras. Y, en pos de facilitar el proceso, los asistentes también podrán entregar sus opiniones por escrito.
Bacallao Martínez insistió en el carácter de las reuniones, pues la intención no es discrepar, sino recopilar todas las intervenciones, tal cual sean emitidas por los electores. A la transparencia y el control de la consulta, apuntó, debe tributar la labor de los 1 428 supervisores y de los 27 891 colaboradores en todo el país.
La culminación de la entrega de las propuestas a la Comisión Redactora para su procesamiento se prevé en mayo, y con anterioridad a esa fecha se han planificado dos cortes informativos.
En palabras de la secretaria del CEN, «la amplia capacitación de todos los participantes y el movimiento organizativo que ha precedido el inicio de la consulta debe ser garantía para su eficacia y transparencia. Además, los resultados de la reciente prueba dinámica permiten asegurar que el país está listo para enfrentar el proceso».