A las puertas de otro ejercicio democrático sin precedentes, esta semana trascendieron los elementos fundamentales de los preparativos y el procedimiento para acometer la consulta popular sobre el proyecto del Código de las Familias a partir del 1ro. de febrero próximo.
Como uno de sus elementos más novedosos, se explicó que en esta ocasión la ciudadanía no solo podrá proponer modificaciones, eliminaciones, adiciones y plantear dudas sobre el texto del futuro Código, sino que se recogerán y contabilizarán también los criterios favorables.
Esto constituye una diferencia sustancial con el ejercicio que se hizo para la consulta del proyecto de Constitución, y permitirá tener una idea más exacta del mayoritario respaldo popular que se espera a los conceptos tan revolucionarios e inclusivos que contiene este proyecto de ley.
No va a ser tarea fácil esta consulta, la cual pondrá a prueba otra vez la capacidad de movilización de nuestras organizaciones barriales, en un proceso que se extenderá hasta el mes de
Abril, con la realización de más de 78 mil reuniones dirigidas por las comisiones electorales de circunscripción.
El elevado número de encuentros obedece a la correcta estrategia de reunirse en grupos de como promedio 150 electores, lo cual debe favorecer la calidad del análisis, algo esencial para un documento extenso y con especificidades técnicas que se precisa trasladar a la ciudadanía.
Por ello resulta esencial el acompañamiento que tendrán las autoridades electorales por parte de más de 15 mil 600 juristas organizados en dúos, quienes seguramente contribuirán a la comprensión de los principios constitucionales y jurídicos que introduce este proyecto del Código de las Familias.
Como ha enfatizado el Consejo Electoral Nacional, el cual por primera vez asume la organización de una consulta de este tipo al amparo de la nueva Ley Electoral de 2019, la transparencia y el apego a la verdad son los principios que regirán este intercambio.
Porque el desarrollo de esta consulta popular tendrá como principales protagonistas a nuestra población, incluyendo a las más de 900 mil personas que participarán directamente en su realización como autoridades electorales y personal de apoyo.
Será vital además la participación de más de mil 400 supervisores y casi 28 mil colaboradores que velarán por la legalidad del proceso, en una consulta donde lo que se busca es precisamente “que nadie se quede sin dar su opinión”, como expresara la presidenta del Consejo Electoral Nacional.
En ese espíritu sobresale la decisión de también realizar ese ejercicio popular en las oficinas consulares y embajadas de Cuba, así como implementar vías telemáticas para recoger los criterios de otras personas residentes en el exterior al momento de su realización.
No obstante, y con independencia de ese formato organizativo y legal de la consulta en las comunidades, las organizaciones estudiantiles y juveniles, los sindicatos, así como otros sectores de la sociedad civil cubana, tendrían que acompañar y respaldar este proceso con una adecuada preparación y motivación de sus integrantes, para que asistan, participen y expresen sus criterios de respaldo a la nueva ley.
Porque de eso se trata, de una consulta popular para escucharnos e incluir, que haga justicia y esté a tono con el carácter progresista y renovador de un futuro Código que nos asegurará un salto en los derechos y protecciones de todas las personas, para que nuestras familias, todas, siempre sean ejemplo de respeto y paz, de afecto y amor.
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