Con la ratificación del estricto cumplimiento de la Constitución y demás leyes, en correspondencia con el Estado socialista de derecho y de justicia social, tuvo lugar hoy la apertura del año judicial 2022 en la sede del Tribunal Supremo Popular (TSP).
En las palabras de clausura de la solemne ceremonia, el Primer Ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, subrayó la importancia que las estructuras de gobierno le conceden a la actividad judicial y a los tribunales.
El también integrante del Buró Político del Partido aseguró que se fortalecen los mecanismos de trabajo los cuales permiten viabilizar las preocupaciones de la población.
Destacó que los gobiernos, en sus diferentes instancias, muestran la voluntad de continuar mejorando las sedes judiciales y las condiciones de trabajo de los jueces, y consideró favorable la introducción cada vez más de la ciencia, la innovación y la comunicación social en ese quehacer.
De igual manera resaltó el papel del TSP en proyectos que tributan a programas impulsados en el país y enfatizó la responsabilidad, la profesionalidad, la seriedad y el acierto con que los órganos judiciales vienen realizando su trabajo, garantía para fortalecer la legalidad y los derechos de las personas.
En las palabras de apertura del año judicial, Rubén Remigio Ferro, presidente del TSP, expresó que el quehacer cotidiano ha estado marcado por circunstancias singulares de gran magnitud y retos que se derivan de la implementación de la reforma judicial y procesal introducida por las nuevas leyes aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Comentó que el 2021 fue un año duro y complejo, cuando hubo que enfrentar obstáculos y dificultades, por las limitaciones derivadas del enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19 y el recrudecimiento de las medidas impuestas por el bloqueo.
Exaltó el actuar de los órganos judiciales en el enfrentamiento a conductas delictivas de índole diversas y recalcó la responsabilidad y coordinación que —en sentido general— caracterizó el actuar de magistrados, jueces, fiscales, abogados, instructores, agentes de la policía, funcionarios del Ministerio de Justicia y otros participantes en los procesos.
El papel de los tribunales de justicia —aseveró— es clave para la materialización y vigencia de los preceptos constitucionales y disposiciones legales en general y, en particular, de los que se relacionan con los expresados derechos y garantías.
Consideró “un asunto de gran trascendencia” el hecho de que este año, por acuerdo de la ANPP, el Tribunal Supremo Popular rendirá cuenta ante ese órgano en su próximo período ordinario de sesiones.
Presentes en la actividad Rogelio Polanco Fuentes, miembro del Secretariado del Comité Central y jefe de su departamento Ideológico; Yamila Peña Ojeda, Fiscal General de la República; Oscar Manuel Silvera Martínez, Ministro de Justicia; José Luis Toledo Santander, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la ANPP; José Alexis Ginarte Gato y Lilia María Hernández Doejo, presidentes respectivamente de la Unión Nacional de Juristas y de la Organización Nacional de Bufetes Colectivo, así como Yaisel Pieter Terry, secretario general de Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública.
Asimismo, asistieron como invitados funcionarios del Comité Central del Partido, del Estado y el Gobierno, representantes del Ministerio del Interior, de las instituciones jurídicas afines, profesores y estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, entre otros.
