Cuando alguien destaca desde su infancia por dar su opinión, tomar partido, interceder en la defensa de cualquier causa, es usual que las personas mayores le pongan ese cartel de que “cuando crezca va a ser abogado o abogada”.
Y es que la defensa de la justicia, mediante la participación ciudadana activa, es quizás el objetivo supremo de cualquier orden jurídico, más allá de las técnicas y conocimientos propios del derecho como ciencia.
Esa búsqueda de una legislación consensuada, que nazca no solo del conocimiento académico, sino de las necesidades sentidas de la población, es quizás uno de los rasgos más distintivos de la forma de dictar leyes en Cuba.
Por eso es tan importante todo el proceso de elaboración de normas que acontece en nuestro país como resultado de la implementación de la Constitución aprobada en 2019, con ya un importante número de leyes que empiezan a entrar en vigor en aspectos esenciales de nuestra vida social.
Parecería que leyes tan técnicas como las que aprobara la Asamblea Nacional el pasado año, sobre los procesos jurídicos y actuación de los tribunales, por ejemplo, solo serían de incumbencia de los profesionales del derecho que laboran con esos cuerpos legales, cuando para nada eso es así.
Porque todas esas transformaciones en el ámbito legislativo tienen en última instancia un impacto práctico en la sociedad, al nacer de sus requerimientos, y luego determinar mediante su implementación en nuestro accionar diario.
Por eso la mejor ley no es la más perfecta desde el punto de vista técnico, sino la que la ciudadanía conoce, aprueba y cumple con mayor apego y compromiso.
Y para ello resulta esencial estimular el conocimiento o cultura jurídica de la población, a través no solamente de su participación directa o indirecta en los procesos de elaboración de las normas, sino luego en su aplicación y observancia cotidianas.
Por supuesto, para que esto ocurra las instituciones especializadas y sus profesionales constituyen intermediarios imprescindibles, pues son sus servicios los que en la concreta aterrizan ese vínculo entre las leyes y los ciudadanos y ciudadanas.
Ahora mismo en nuestro país hay un cúmulo de legislaciones novedosas, cuya apropiación y dominio por los operadores del derecho será gradual, en un proceso de aprendizaje que no puede dejar fuera a ningún actor económico y social.
No se trata de tener nuevas leyes solo para personas doctas y enteradas, poseedoras de los secretos que entrañan sus giros técnicos y latinismos, sino que se requiere de su apropiación popular, para que se traduzcan en una efectiva disciplina y cumplimiento social.
Porque, en definitiva, ese es el objetivo último, formar una ciudadanía consciente y participativa, o sea, verdadera gente de ley, que defienda el derecho como si fuesen siempre aquellos infantes discutidores, valientes y justicieros a quienes desde la más corta edad, alguien les decía: “yo creo que va a ser abogada o abogado”.
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