Una de las insatisfacciones que no hace mucho tiempo atrás nos quedaba a no pocas personas en relación con nuestro ejercicio de gobierno era la poca cantidad de leyes que llegaban a la Asamblea Nacional del Poder Popular para su debate y aprobación.
Seguro recordarán que hubo años y años donde prácticamente solo se votaba la obligatoria Ley del Presupuesto, sin que pudiera concretarse ninguna legislación sustantiva nueva.
Con la promulgación de la Constitución en 2019 esa realidad cambió por completo, y muy para bien.
Como se informó en el Parlamento, incluso en este año de tantas complejidades se aprobaron diez leyes y 31 decretos leyes, lo cual evidencia un cambio importante en la forma de organizar y llevar adelante la actividad legislativa, un impulso inédito en muchas décadas.
Para el 2022, en otro salto impresionante, se prevé el análisis de 27 leyes, de las cuales 15 responden a la Constitución, diez a Lineamientos y dos a propuestas de organismos de la Administración Central del Estado. También se incluyen en el cronograma legislativo del próximo año 14 decretos leyes.
Llegar a este punto ha sido posible a partir de la acción bien coordinada de un grupo central de trabajo en el Gobierno que dirige este proceso. Lo más distintivo, además, no solo es la cantidad, sino la calidad de las normas que se trabajan y proponen.
La incorporación de representantes de organismos que trabajan directamente en los temas sujetos a estudio, así como de especialistas y académicos de universidades y centros científicos, logra combinar la necesidad práctica con los avances teóricos más modernos sobre cada asunto.
De esa manera, la legislación resultante no solo nos sirve para la solución inmediata de los problemas existentes, sino que nos permite asimilar lo más valioso de la experiencia internacional y las investigaciones de cada rama, para combinarlas con nuestras especificidades nacionales, en un ejercicio que les da durabilidad y proyección hacia el futuro a nuestras nuevas leyes.
Por supuesto, estos actos de creación jurídica no son infalibles ni siempre van al ritmo que todos quisiéramos. Siempre habrá necesidades sentidas de que esta o aquella ley debería tener la prioridad; o anteproyectos que el debate obliga a transformar por el camino, como resultado de la inteligencia colectiva puesta en función de su perfeccionamiento.
Tampoco es que el cronograma legislativo sea una camisa de fuerza, sino que sobre la marcha es posible su actualización, para adelantar o agregar propuestas jurídicas que surgen o se agilizan de acuerdo con las prioridades cambiantes que impone la vida económica y social del país.
En ese proceso, por supuesto, determinan mucho los liderazgos de las direcciones colegiadas de organismos e instituciones, para promover, persuadir y aunar criterios, que permitan colocar en cartera las diferentes propuestas de leyes.
La sociedad civil u organizaciones profesionales y de masas también deben desempeñar un papel más activo en ese proceso, y sus planteamientos requieren atención, incluyendo las posibilidades aún no del todo aprovechadas para ejercer la iniciativa legislativa prevista constitucionalmente.
De todos modos el cambio en este terreno es evidente. Sin precipitarnos, y con un sentido dialéctico de integralidad, que respete las sinergias o relaciones entre los diversos ámbitos jurídicos, hay que continuar con ese ritmo, en lo que bien podríamos catalogar como un verdadero récord legislativo.
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