Como una legislación que no tiene antecedentes en Cuba fue calificada la Ley de Ordenamiento Territorial y Urbano y la Gestión del Suelo, que fue aprobada este martes por unanimidad en el octavo Periodo de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su IX Legislatura.
Al presentar el proyecto, Samuel Rodríguez Planas, presidente del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, destacó la participación de especialistas, juristas, académicos y representantes de organismos en la elaboración de la ley; para lo cual se tuvo en cuenta además la legislación similar en diez naciones, para incorporar las tendencias más modernas.
Rodríguez Planas resaltó los cientos de planteamientos tenidos en cuentas en las diferentes etapas de consulta previas, incluyendo los realizados por la población y los diputados.
Explicó igualmente el último proceso de revisión después de su debate en las sesiones previas al actual periodo ordinario de sesiones, que resultó en una última versión, que incorporó más de 60 modificaciones.
Entre los aspectos significativos del proyecto, se destacó la concepción del ordenamiento territorial y urbano como una política pública, la inclusión de los principios que rigen esa actividad y los instrumentos que emplea.
También define la ley las responsabilidades de los órganos locales del Poder Popular, del propio Instituto y de sus direcciones provinciales y municipales; así como el régimen jurídico y urbanístico del suelo, y los instrumentos para su gestión que permitan su uso racional y sostenible.
Por primera vez habrá una norma jurídica integral, capaz de articular y coordinar las diferentes competencias que inciden sobre el territorio y que regule de forma adecuada las exigencias del planeamiento, la gestión, el control y la disciplina territorial y urbana.
Santiago Lage Choy, presidente de la comisión de Industrias, Construcciones y Energía, dio a conocer el dictamen conjunto de ese órgano con su similar de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, el cual destacó que la Ley constituye una disposición necesaria y novedosa por la ausencia en el ordenamiento jurídico de normativas relacionadas con esa materia.
El dictamen recomendó desarrollar un plan de capacitación para el conocimiento de la nueva Ley y sus disposiciones complementarias, así como establecer una estrategia de comunicación social, que permita la debida información de su contenido a la población.
La diputada Inés María Chapman, viceprimera ministra, destacó que esta legislación ordenará el trabajo en los barrios y contribuirá a resolver muchas de las indisciplinas que hoy se cometen, además de articular con los planes económicos y los presupuestos del Estado y de los órganos locales.
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