Durante los años de Revolución ha habido defensa, protección y respeto a todos los derechos humanos para todas las personas; este es un principio vigente y válido que continuará desarrollándose con un conjunto de normas y otras que serán aprobadas.
Lo anterior lo subrayó Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), al presentar un panel con la participación de destacados juristas, a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos, el venidero 10 de diciembre.
Remigio Ferro resaltó que en esta ocasión se ha hecho acompañar de “ilustres juristas”, muy reconocidos en los ámbitos nacional e internacional, profesores destacados de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, pero con la cualidad de que en algún momento de sus vidas como profesionales ejercieron el Derecho desde diferentes funciones.
De esta manera, en el panel sobre Constitución, Reforma Procesal y Derechos Humanos, intervinieron Yuri Pérez Martínez, miembro de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo; Mayda Goite Pierre, presidenta de la Sociedad cubana de Ciencias Penales, y el Premio Nacional de Derecho Carlos Manuel de Céspedes, Juan Mendoza Díaz, presidente de la Sociedad cubana de Derecho Procesal, pertenecientes a la Unión de Juristas de Cuba.
Remigio Ferro afirmó que en nuestro país se está produciendo “una profunda y robusta reforma judicial y procesal”, a partir de la aprobación de varias leyes que desarrollan principios y preceptos contenidos en la Constitución.
Tanto la Carta Magna, como las leyes que han sido aprobadas y las que en un futuro cercano continuarán sometiéndose a la aprobación de nuestra Asamblea Nacional, establecen de manera más contundente las vías y modos en que la personas pueden hacer valer y reconocer sus derechos y garantías en el ámbito judicial, lo cual impacta directamente en la protección y en el cumplimiento de los derechos humanos.
Mencionó documentos fundacionales relacionados con los derechos humanos, como la Declaración Universal, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, y precisó que en este texto una buena parte de sus contenidos refieren derechos que tienen su realización y materialización en el ámbito judicial.
En cuanto a Cuba, aseguró que hoy aquí están vigentes 44 Tratados Internacionales y un sinnúmero de otros instrumentos que regulan cuestiones relacionadas con los derechos humanos en el aspecto judicial.
El presidente del TSP recordó que en la más reciente sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular fueron aprobadas las leyes de los Tribunales de Justicia, del Proceso Penal, del Proceso Administrativo y el Código de Procesos.
Lo primero que tenemos que significar es que esa reforma —afirmó el profesor Yuri, primer ponente del panel — se enmarca en lo que se denominan leyes complementarias a la Constitución, las cuales dinamizan el Estado Socialista de Derecho y justicia social.
No se trata solamente del individuo frente al Estado o del Estado garantizando derechos, sino que hay que lograr una corresponsabilidad, una bi-direccionalidad en esa relación, pero a partir de los aportes mutuos que puedan hacerse, enfatizó.
Aseguró que un elemento de vital importancia es la diferenciación de funciones estatales, y “aquí la judicial tiene un rol importante como garante de los derechos humanos”.
En principio —agregó— todos los órganos del Estado tienen que garantizar los derechos, no se puede excusar, por ejemplo, la falta de norma jurídica para la protección de estos.
Destacó que un porciento importante de los tratados y las convenciones que existen en materia de derechos humanos han sido firmados y ratificados por nuestro país y muchos de ellos también aparecen incorporados en la Constitución y en algunas leyes de desarrollo.
Por su parte, la doctora Mayda Goite refirió algunos elementos de la ley del Proceso Penal y acotó que la reforma procesal cumple un mandato reciente de la Constitución de la República, protectora de los derechos y de las garantías de los ciudadanos.
Y eso, indiscutiblemente, permite a los legisladores de leyes de desarrollo —específicamente la del Proceso Penal— desarrollar con holgura todos esos presupuestos que vienen de la Constitución.
El proceso penal tiene que ver con la defensa y las garantías de las personas y, por lo tanto, tiene que dotarse de un conjunto de “escudos protectores” de los ciudadanos.
Nosotros enarbolamos como ejercicio esencial la dignidad del ser humano y eso en materia de protección de derechos humanos es trascendental, subrayó.
Los cambios recientes en la Ley de Proceso Penal —acaban de ser aprobados y entrarán en vigor el primero de enero del 2022— son una transformación holística, trascendental.
La nueva norma no está destinada solamente para los acusados, sino que protege a todos aquellos que por alguna razón se encuentren vinculados a este proceso y ofrece protección a las víctimas, que “ahora hacen valer su derecho humano, al ser debidamente protegidas en una ley y eso tiene un valor incalculable para la paz y la solución de los conflictos sociales en un clima de armonía que es tan importante en cualquier sociedad”.
Explicó en detalles aspectos relacionados con esta norma y la calificó de “protectora para todos”, y otorga un lugar especial a los jóvenes “envueltos en un conflicto penal”, quienes deben tener un tratamiento específico, con una defensa importante de sus derechos humanos.
El doctor Juan Mendoza abordó la relación entre la Constitución y el Código de Procesos, y expresó que no hay un solo segmento de la vida de los seres humanos que no tengan un respaldo y una protección ante los tribunales.
El especialista comentó que en materia laboral se ha dado un salto extraordinario, porque con anterioridad los procesos laborales quedaban en una instancia determinada y ahora toda decisión que se adopte contra un trabajador puede ir a un tribunal.
El hecho de que estas normas procesales empiecen a partir de enero es un tributo importante a la fecha que estamos celebrando, es decir el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Ante un comentario de una colega, el presidente del TSP subrayó que los operadores del derecho tienen la enorme responsabilidad de impartir justicia. Tenemos el gran reto —dijo— de convertir en realidad y practicar todas esas garantías que están en las leyes procesales y en la Constitución.
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