Miles de personas se congregaron desde las primeras horas de este miércoles en el límite entre las ciudades bolivianas de La Paz y El Alto, para mostrar su respaldo al Gobierno del presidente Luis Arce y rechazar el intento de golpe de Estado promovido por la derecha local.
Se prevé que los asistentes a la movilización consideren posibles acciones que realizarán para defender la democracia.
Entre ellas, durante las últimas horas se mencionó que la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones afines se sumarán, a partir del próximo 23 de noviembre, a la marcha de 200 km convocada por el Movimiento al Socialismo (MAS) entre la localidad de Caracollo, en el departamento de Oruro, hasta La Paz.
Cada día, con esfuerzo y dignidad el pueblo trabajador derrota los afanes golpistas de cívicos racistas y derechistas que con paros violentos atentan contra la economía de #Bolivia. Unidos y fortalecidos avanzamos con el hermano @LuchoXBolivia hacia la recuperación económica.
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 17, 2021
De acuerdo con el líder de la COB, Juan Carlos Huarachi, a través de la marcha exigirán al Ejecutivo de manera abierta y pública la encarcelación de los autores intelectuales del golpe de Estado de noviembre de 2019 y de los recientes actos de desestabilización.
Con anterioridad, el expresidente y líder del MAS, Evo Morales, había anunciado que la marcha serviría para blindar la democracia, restituida tras la victoria popular en las elecciones de octubre de 2020, y apoyar a Arce.
La derecha, mediante los comités Cívicos y un autodenominado Comité de Defensa de la Democracia, Conade, no están tras la abrogación de leyes sino tras la caída del gobierno: Juan Carlos Huarachi, Central Obrera Boliviana. @ConexiontlSUR pic.twitter.com/71PJbH7h6g
— Freddy Morales (@FreddyteleSUR) November 15, 2021
A juicio de Huarachi, la derecha tiene una agenda política y procura pretextos para propinar un nuevo golpe de Estado, en alusión al reciente paro indefinido promovido por los denominados comités cívicos de Santa Cruz y Potosí.
Recordó que ambos comités comenzaron por exigir la derogación de la ley contra las ganancias ilícitas, abrogada este martes por el Gobierno, y luego incorporaron otras demandas, entre ellas la restitución en la Cámara de Diputados del requisito de los dos tercios para aprobar las leyes, en lugar de hacerlo mediante voto de la mayoría, como establece la Constitución Política del Estado boliviano.
La víspera, en asamblea de la COB y más de 60 organizaciones sindicales afiliadas, se acordó solicitar al Gobierno que sancione judicialmente a los promotores de las recientes acciones de desestabilización.
Iniciamos temprano la reunión de Gabinete Ministerial de los miércoles. Evaluamos las pérdidas causadas por el paro en algunas ciudades, y analizamos medidas para revertirlas. Con trabajo y unidad seguiremos avanzando por el camino del desarrollo. #EstamosSaliendoAdelante pic.twitter.com/5ptnR3qbZ8
— Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) November 17, 2021
Gobierno evalúa perjuicios del paro
Por su parte, el Ejecutivo ha convocado al país a regresar a la normalidad para que mejore la situación de la economía, muy afectada durante el mandato de un año del Gobierno de facto de Jeanine Áñez.
El presidente Luis Arce informó a través de Twitter que el Gabinete ministerial evalúa este miércoles las pérdidas causadas por el paro en algunas ciudades y analizan medidas para revertirlas.
Arce aseguró que “con trabajo y unidad seguiremos avanzando por el camino del desarrollo”.
(Hilo) Mientras algunos quieren paralizar #Bolivia, nuestro Gobierno invierte Bs55,3 millones para dotar de agua a comunidades con el Programa Nuestro Pozo. Concluimos 376 sistemas de agua para 26 mil familias, con pozo profundo, electricidad, bomba, tanque y red de impulsión. pic.twitter.com/ZMxjt3nbID
— Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) November 17, 2021
Días atrás, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, informó que el paro de actividades ocasiona al país una pérdida diaria de alrededor de 112 millones de dólares.
Además, recordó que parte de esos recursos se destinan a programas sociales, como los bonos sociales Juancito Pinto, Juana Azurduy y renta Dignidad, que rinden beneficios a estudiantes, madres gestantes y adultos mayores.
(Tomado de TelesurTv)
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