“El traslado de seres humanos de un lugar a otro dentro de las fronteras de un mismo país, o hacia el exterior con fines de explotación en su mayoría explotación sexual, laboral o en la mendicidad” es definido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) como Trata de Personas.
En la actualidad se estima que existen 2,5 millones de víctimas de la trata y que, por cada uno de ellas, existen otras 20 más sin identificar. De los datos recopilados por la UNDOC se calcula que la mitad son menores de 18 años, de los cuales un 20 % son niños.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y su Programa para la Erradicación del Trabajo infantil (OIT/IPEC), por su parte, afirman que la explotación sexual comercial de personas menores de edad se produce “cuando una o varias personas, con la promesa de una remuneración económica, o de cualquier otro tipo de retribución (pago en especie) o inclusive bajo amenazas, involucran o utilizan a un niño, niña o a una persona menor de 18 años de edad, en actividades sexuales comerciales”.
Esa actitud criminal constituye una de las formas más violentas de vulneración de los derechos humanos de niños y adolescentes, implica daños físicos, psicológicos y sociales de gran envergadura, atenta contra su dignidad, integridad y el derecho al desarrollo de su personalidad. Es una forma de explotación económica vergonzosa como también lo son la esclavitud y los trabajos forzados.
La explotación sexual comercial aparece en diversas modalidades, entre ellas las relaciones sexuales remuneradas con personas menores de edad, la trata sexual, la pornografía y el turismo sexual. Lamentablemente su escenario es también diverso, ocurre en hogares, escuelas, lugares de trabajo, en comunidades, y en contextos de desarrollo y de emergencia.
Se estima que las víctimas principales son mujeres, niñas y niños. Es el segundo delito y el negocio transnacional más lucrativo y rentable del mundo, después del tráfico de drogas, armas y órganos, amenazas todas habitualmente dirigidas por mafias organizadas. Según informes de las Naciones Unidas, la explotación sexual genera ganancias que superan los 40 mil millones de dólares.
Fuentes de la región refieren que en América Latina y el Caribe existen alrededor de 2 millones de niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual, comercial o laboral.
Para combatir este azote y el de la trata de personas se organizan campañas de prevención y sensibilización para contrarrestar los elevados niveles de tolerancia que existe hacia lo interno de las sociedades. También se insta a los Gobiernos y a la sociedad civil a que legislen respecto al tema y establezcan normas jurídicas que garanticen la seguridad de las víctimas potenciales.
No obstante, tales políticas contra la explotación sexual y la trata de personas, no atacan las causas del fenómeno, y ello explica lo limitado de su impacto.
¿Por qué el 23 de septiembre?
La fecha fue instaurada por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999. Toma como referencia el día que, en 1913, fue promulgada la ley 9.143, o Ley Palacios, primera norma legal del mundo contra la prostitución infantil.
En 1913 la práctica de la prostitución estaba muy extendida a nivel mundial, especialmente en Argentina. Estaba en manos de mafias que no sólo manejaban un negocio ilegal, sino que también esclavizaban a mujeres y las sometían a condiciones de vida y trabajo inhumanas, incluyendo a menores. Es en ese contexto que el diputado socialista Alfredo Palacios propuso una reforma legal al Código Penal para reprimir estas prácticas violatorias de derechos humanos básicos.
La ley tenía como principal objetivo combatir la trata de personas con destino a la explotación sexual y brindar protección a los menores de edad frente a este tipo de delitos. Estableció entre 3 y 10 años de cárcel para quien promoviese o facilitase la corrupción o prostitución de mujeres (mayores y menores de edad). Según este código, los dueños de los prostíbulos eran considerados “coautores sujetos a penas”, y las fuerzas de seguridad debían estar disponibles para el control y penalización del tráfico de mujeres, ya sea por argentinos o extranjeros.
Los estudiosos del tema coinciden en que gracias al ímpetu de Palacios, y a la sanción de esta norma de avanzada para la época, Argentina comenzó a ocupar un lugar de vanguardia en cuanto a legislar y combatir las violaciones de los derechos humanos, en especial acerca de los derechos de las víctimas de delitos sexuales y esclavitud; pero no ha podido erradicar el fenómeno, más bien se ha convertido en un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual comercial y trabajo forzado, tal como han denunciado organizaciones de la sociedad civil.
La instauración del 23 de septiembre como el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, ofrece la oportunidad de concientizar y reflexionar sobre esta problemática, así como para educar en la prevención y denuncia herramientas principales contra la trata y la explotación sexual comercial.
La Hidra de Lerna
Cuenta la mitología griega que la Hidra de Lerna era un despiadado monstruo acuático con forma de serpiente de muchas cabezas. Algunos dicen que tenía tres, cinco, siete, nueve y hasta cien cabezas, y que por cada una que le era cercenada, regeneraba otras dos. Eso y su aliento venenoso la hacían inmortal. Así fue hasta que enfrentó a Hércules, con quien sostuvo un combate a muerte como parte de los 12 míticos trabajos del hijo de Zeus.
La explotación sexual y la trata de personas parecen ser la Hidra de Lerna de estos tiempos. Por cada red desmantelada, surge quién sabe cuántas para satisfacer una demanda creciente de un vergonzoso mercado que tiene como víctimas principales a mujeres, niños y adolescentes, sentenciados a vivir en perenne desventaja.
La española Esther Torrado, profesora e investigadora del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de La Laguna y experta en estudios feministas y violencia sexual, sostiene que el consumo de pornografía de niños y adolescentes es parte del mecanismo que justifica y reproduce la explotación sexual.
“La pornografía es la teoría de la violencia sexual contras las mujeres y las niñas, y la prostitución es la práctica”, asegura. Su preocupación es que “un importante número de jóvenes que se inician tempranamente en la pornografía se convierten en consumidores tempranos de prostitución y ven el sexo como producto”.
Para la profesora, el sistema prostitucional no es otra cosa que una industria de la explotación sexual en la que están incluidas la pornografía, la trata y la prostitución: “Esta industria constituye el negocio más lucrativo del mundo cuya plusvalía procede de la vulnerabilidad, la hipersexualización, la cosificación y la violencia contra miles de mujeres y niñas del mundo”, certifica.
Un estudio sobre sexualidad y consumo de pornografía en adolescentes y chicos (16- 29 años) lidereado por Torrado concluyó que los jóvenes ven cada vez más porno y comienzan a edades cada vez más tempranas. La descripción añade que el acceso a esos productos ocurre fundamentalmente a través de los dispositivos móviles y muchas veces la primera relación de los chicos con la sexualidad es a través del porno.
“Se inician antes en la sexualidad con el porno que con sus iguales, por lo que van a reproducir aquello que ven”, lamenta. Agrega que “el porno ha mutado al igual que el sistema prostitucional”, ha dejado de ser una industria artesanal de cuatro revistas, para convertirse en una industria global y multinacional: “Las mismas prácticas violentas las está viendo un joven de Telde o de Garachico, que de Nueva York”, dice.
La edad media de acceso al porno es de 12 años, ligeramente inferior en los varones. “Las chicas entran más tarde a visualizar el porno, y por razones distintas, por informarse y por curiosidad, mientras que los chicos entran directamente para excitarse”, explica Torrado.
Chicos y chicas no acceden al porno con la idea de agredir, sino que también son victimizados al terminar captados por una industria que rompe los vínculos de empatía que deberían predominar en las relaciones sexuales y convierte al acto sexual en un producto. “Cuando te acostumbras a ver imágenes violentas, si tú te excitas con la violación, quiere decir que has roto el vínculo con la víctima, el de la empatía. Por tanto, vas a normalizar ese abuso”, afirma Torrado.
La experta considera que un chico de 8 años es incapaz de ver perversión en la violencia, acabará intentando reproducirla, y si no puede con sus iguales, lo hará con prostitutas, asevera.
“Nos preguntamos por qué un grupo de jóvenes supuestamente normales deciden agredir a una joven y además grabarlo y compartirlo, y es porque lo consideran normal y que no tienen ningún tipo de responsabilidad. Igual que el que va a un club de prostitución y considera normal hacer prácticas violentas contra las mujeres prostituidas porque entienden que su deseo tiene que ser un derecho, no asumen responsabilidades. Luego vuelven a casa y se meten en la cama con su mujer, a lo mejor han tenido una práctica de riesgo anal sin preservativos, y no tienen luego ningún inconveniente en tener una relación con su pareja sin ningún remordimiento”, asegura.
En Cuba, tolerancia cero
Cuba es uno de los 176 Estados que ha ratificado el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas; y contribuye con la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil.
En febrero de 2017 el país aprobó el Plan de Acción Nacional para la prevención y enfrentamiento de la trata de personas y la protección a las víctimas (2017-2020), el cual se ha convertido en la herramienta fundamental para conducir el proceder coordinado entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil.
Bajo el principio de tolerancia cero a cualquier modalidad de trata de personas, las autoridades han organizado procesos de capacitación a fiscales, profesionales de la educación y trabajadores de otros sectores que intervienen en la acción contra el delito. Tales acciones buscan combatir el fenómeno y, sobre todo, prevenirlo, por lo que se insiste en la detección temprana de niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad.
Como parte de este programa se constituyó un grupo de trabajo del Ministerio del Turismo para fortalecer el control y evitar casos de explotación sexual y trata de personas en instituciones estatales o del sector privado. Actualmente se trabaja en la actualización de normas jurídicas como el Código de las Familias y el Código Penal que si bien no tiene como propósito legislar específicamente sobre el tema, sí tienen impacto en la visión integral y preventiva del fenómeno.
A pesar de todo ello, la explotación sexual y la trata de personas no son un tema resuelto en Cuba, tampoco lo es en ningún país del mundo. Reconocer un derecho no significa que las personas puedan hacer uso de él, se requieren políticas educativas, de sensibilización y protección a los sectores más vulnerables, donde usualmente también convergen pobreza, marginalidad, y disfuncionalidad familiar.
En la mayor de las Antillas existen voluntad política del Gobierno para combatir la trata y la explotación sexual; normas jurídicas que condenan tales delitos con severas penas; y toca multiplicar la poca tolerancia social frente a los victimarios.
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