Hace solo unos días una noticia sobre un hecho bochornoso nos reveló cómo en una tienda habanera diez trabajadores tenían en sus taquillas cientos de productos guardados, con el propósito evidente de acaparar para luego, muy probablemente, revender.
No es el primer caso de este tipo que se detecta, y es muy posible que haya otros similares sin descubrir pero nunca dejan de sorprender estas conductas, por el rechazo social que implican.
Sin embargo, el asunto va mucho más allá del repudio o del interés mediático que acciones así puedan suscitar. Es preciso preguntarse cuántos mecanismos de control, cuántas vulnerabilidades no solo económicas u organizativas, sino también en principios y valores, se asocian con sucesos tan penosos.
Administraciones ausentes o cómplices, organizaciones de masas que no actúan en la base, eslabones de exigencia a nivel barrial que no aparecen o se involucran en tales bribonadas, de todo puede existir tras tales acontecimientos.
El acaparamiento, la bolsa negra, el delito, se nutren no solamente de condiciones objetivas como la escasez que producen las dificultades económicas.
Para que se produzcan hay muchas otras pérdidas por el camino, no solo de los productos para vender en una tienda que nunca llegan al mostrador.
La manera de enfrentar tales actitudes, de prevenirlas y evitarlas, tienen que ir más allá de las actuaciones de los cuerpos de inspección, porque estos no pueden estar presentes en cada establecimiento, a cada momento.
Es necesario que la propia ciudadanía tome parte en esa defensa de sus intereses. De hecho, en no pocas ocasiones la actuación para intervenir y parar en seco esa colusión de colectivos completos que se degradan proviene de las denuncias reiteradas de la población. Pero seamos sinceros, tampoco siempre se escuchan a tiempo o con la debida atención esas alertas que llegan de la voz popular.
Hay veces que la clientela de una zona o barrio es más activa y vigilante, es cierto. Sé de lugares donde la gente está atenta hasta a la descarga de las mercancías, y sacan su cuenta de cuántas cajas descargaron de un producto, y exigen, protestan, si alguien pretende ocultarles el gato y la liebre.
Pero también debería pensarse en mecanismos administrativos de mayor transparencia en esa distribución tan importante de productos de primera necesidad. Lo que entre tiene que salir, y se tiene que saber. Tanto en el comercio como en otras áreas, dígase, por ejemplo, las farmacias.
Cierto que en pequeñas urbanizaciones o poblados es mucho más sencillo ejercer ese control popular que en la gran ciudad, anónima y difícil, pero para eso este país tiene estructuras sociales que llegan hasta la comunidad, y que deben actuar para proteger a su vecindario.
Lo que resulta imposible es que sigamos conviviendo con tales situaciones, y que un día nos sorprenda el deterioro de todo un colectivo laboral, por la falla de esa vigilancia sistemática, la que precave para no tener que sancionar. Porque al final del cuento, dos partes tiene, y ninguna buena, la palabra acaparamiento: quien lo hace, no solo acapara, también miente.
