La decisión de otorgar libretas de abastecimiento excepcionalmente, para segmentos de la población afectados por las limitaciones causadas por la COVID-19, fue de las mejores noticias en Guantánamo durante julio último.
Así lo confirma a Venceremos Nélida García Tamayo, nativa de Manuel Tames, quien gracias al documento otorgado en la oficina de Registro de Consumidores (Oficoda) de la ciudad del Guaso, en agosto obtuvo los productos de la canasta básica en la bodega 102 del reparto Mártires de Granada, incluyendo el módulo entregado gratuitamente en la provincia.
“Ahora mi marido no necesita trasladarse a Manuel Tames para comprar nuestro censo, lo tenemos todo aquí. Así evitamos exponernos al contagio”, explica mientras muestra la libreta excepcional, razón de su alegría.
Nélida forma parte de los más de mil 338 núcleos guantanameros constituidos con la Resolución 96/2021, del Ministerio de Comercio Interior (Mincin), que facilita dar la canasta familiar normada a personas asentadas fuera de su provincia y sin dirección particular actualizada, a ciudadanos con viviendas que carecen del certificado de habitable, a los repatriados, y a quienes nunca han sido censados.
La normativa, que estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2021, demuestra la voluntad estatal de no dejar a nadie desamparado, sin embargo, durante la puesta en práctica han surgido dificultades que demandan análisis y solución.
Del texto a la praxis cotidiana
La Resolución del Mincín dicta que para aprobar un núcleo excepcional se debe llevar a la Oficoda cercana el Carné de identidad, la dirección del lugar de origen, número de la oficina de base, la bodega, el núcleo donde se está ubicado, la dirección actual y el modelo M-6. Precisamente este último ha sido el principal dolor de cabeza para la población y la institución en este periodo.
Yamira de la Cruz Rill, especialista de la Oficoda en el Reparto Rubén López Sabariego, una de las encargadas de llevar a término el texto jurídico, explica que hasta la fecha se han creado 190 núcleos en su localidad, pero 114 están en trámites por falta del modelo, que resulta clave por certificar la baja del consumidor y referir los productos que previamente adquirió.
La Resolución establece que el interesado u otra persona mayor de 18 años debe buscar el papel en la oficina donde residía y llevarlo al lugar donde va a censarse. También puede gestionarse digitalmente, para evitar la movilidad y porque hay sitios donde está restringido el trasiego. Otra opción es solicitar a la entidad tramitar el alta, con un tiempo límite de cinco días hábiles.
En papel todo parece fácil, pero la experiencia de los guantanameros dice otra cosa. Rafaela Cardoza Carcasés, residente en el barrio San Miguel, al Sur de
Le corresponde buscarlo en su pueblo natal, Casimba de Filipinas, en Niceto Pérez.
“Soy una persona mayor, diabética, y vivo sola con mi hijo. No podemos ir a mi tierra porque el transporte está paralizado. Me dijeron que por las plataformas Whatsapp, Messenger o por correo podía pedirle a algún familiar o amigo que solicite el modelo allá, le hagan fotos legibles y lo envíen para imprimirlo. El problema es que no encuentro quien lo haga”, dice Cardoza Carcasés, quien tiene que ingeniárselas para conseguir alimentos mientras vive en la capital provincial.
Similar problema presenta Sucel Lamorú Cabrera, natural de El Salvador. Ella también reside al Sur de Guantánamo: “en la Oficoda que está cerca de donde actualmente vivo, me explicaron que sí podían tramitar la baja, pero tomaría tiempo, ya que ellos estaban abarrotados de solicitudes. Por eso me aconsejaron que mejor la buscara por mis medios”, apunta Lamorú Cabrera.
Merelsi Ramírez Cambiaux, jefa de Departamento provincial de Registro de Consumidores, informa que desde el pasado 19 de julio tienen 216 núcleos por aprobar según la RM/96/2021.
“La mayoría están pendientes por falta del M-6. Las oficinas tienen el modelo y es cierto que la ley dice que podemos encargarnos, pero tenemos dificultad para enviarlo entre municipios y provincias, porque no contamos con los suficientes recursos humanos, ni materiales. No hay teléfonos en muchas sedes, y la informatización apenas ha llegado a la ciudad capital. Digitalmente deberíamos poder dar bajas y altas de forma automatizada.
“Al principio decidimos gestionar los M-6 en el Departamento provincial, vía telefónica, pero eso produjo atrasos, pues diariamente llegaban solicitudes y se acumulaban. También sucedía que llamábamos a Oficoda de otras provincias y lejos de facilitar todo, exigían que el consumidor o un allegado fuera a encargarse del proceso”, detalla Ramírez Cambiaux.
“Hoy funcionamos con tres o cuatro personas, por eso recibimos apoyo del Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación, pero no damos abasto, especialmente ahora que la restricción de movimiento obliga a laborar de 8:00 am a 12:00 meridiano”, apunta Merelsi quien continúa atendiendo a la población, por teléfono a través del 2138-5873 para aclarar dudas, y en la oficina provincial martes y jueves, en la Dirección Estatal de Comercio, en 15 Norte entre 1 y 2 Oeste.
El resto está en asentamientos densamente poblados, donde antes de la puesta en vigor de la RM/96/2021 apenas asistían clientes.
En estos días las cifras se multiplican en busca de las bajas o las libretas, pero ese personal es el mismo que verifica los datos de quienes se apegan a la Resolución, como exige la legislación.
¿Una solución?
Ante la pregunta de qué alternativas prevén para resolver las trabas con el M-6, el directiva de Oficoda señaló que usa el corporativo para recibir el documento digital vía Whatsapp. Lo mismo hacen otros trabajadores del sector, pero con los móviles privados. Además, cada oficina asume la gestión de las bajas con sus propios recursos. Ello no soluciona definitivamente el problema, pero ha permitido avanzar.
Mientras tanto, el tiempo pasa y la gente demanda respuestas a las inconformidades, bien pudiera convocarse una intervención multisectorial con Correos de Cuba, Etecsa, Joven Club, Educación… La idea debe ser siempre servir mejor al pueblo, y si la ley ya está dictada, pues corresponde a cada territorio buscar vías institucionales expeditas para hacerla cumplir. (Tomado de Venceremos)