A principios de julio de este año, los líderes talibanes que tomaron el control de las provincias de Badakhshan y Takhar, emitieron una orden a los líderes religiosos locales en la que exigían una lista de niñas mayores de 15 años y viudas menores de 45 para “casarse” con combatientes talibanes.
Aún no sabemos el resultado de tal gestión, pero el peligro real de quedar atrapadas en el terrible ciclo de matrimonios forzados y violencia cotidiana, explica por qué gran parte de las 900 mil personas desplazadas en los últimos 3 meses en Afganistán son mujeres y niñas.
Desde mediados de julio la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) había advertido sobre una inminente crisis humanitaria en Afganistán debido a la violencia en curso en el país.
Las personas no huyen sólo de la guerra, sino todo lo que representa el régimen talibán. Algunos de los civiles desplazados informaron al ACNUR, por ejemplo, de la extorsión como práctica habitual de grupos armados no estatales que operan con absoluta impunidad. También alertaron sobre artefactos explosivos improvisados (IED) en las carreteras principales, lo que incrementa la inseguridad en que vive la población civil, sometida además a las interrupciones en los servicios básicos.
ACNUR ha reconocido que la resistencia del pueblo afgano ha sido llevada al límite por un conflicto prolongado, altos niveles de desplazamiento, el impacto del COVID-19, los desastres naturales recurrentes, incluida la sequía, y la profundización de la pobreza.
Aproximadamente el 65 % de la población afgana, dentro y fuera de Afganistán, son niños y jóvenes, pues gran parte de los adultos han muerto por la guerra, las enfermedades o la furia de la naturaleza.
Si recordamos la brutalidad con que gobernaron los talibanes en Afganistán entre 1996 y el 2001, no es difícil predecir lo que se avecina. En aquellos años a las mujeres se les negó el empleo y la educación, se les impuso la burka y se les prohibió salir de casa sin un “tutor” masculino o mahram.
Ahora dicen que han cambiado su postura respecto a los derechos humanos pero sus acciones aportan mayor claridad: la educación a las niñas será sólo hasta los 12 años, las mujeres sólo trabajarán en casa y se reinstaurará la figura del mahram.
Este lunes, mientras los talibanes ocupaban Kabul y festejaban su triunfo sobre los invasores estadounidenses, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió al Consejo de Seguridad que «utilice todas las herramientas a su disposición» para reprimir las amenazas terroristas globales en Afganistán y garantizar que no se violen los derechos humanos.
El secretario general instó a los talibanes a ejercer la máxima moderación para proteger vidas y reconoció haber recibido «informes escalofriantes sobre severas restricciones a los derechos humanos», que lo dejaron «particularmente preocupado por las crecientes violaciones contra mujeres y niñas». «No podemos ni debemos abandonar al pueblo de Afganistán», dijo el jefe de la ONU.
Es la segunda vez en dos semanas que el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para discutir sobre Afganistán. La primera tuvo lugar el 6 de agosto, poco después de que India asumiera la presidencia mensual del instrumento multilateral. Para entonces ya se habían estancado las conversaciones entre el ahora desaparecido gobierno afgano y los talibanes en Doha, pero se miraba con cierta esperanza, también desvanecida hoy, el encuentro previsto en Catar con una troika negociadora —Pakistán, China y Estados Unidos— que finalmente tampoco aportó una solución favorable para el pueblo afgano, la gran víctima después de tanta guerra y 20 años de una ocupación militar que los dejó peor de cómo estaban.
