En la medida que pasa el tiempo, y ya vamos para año y medio de vivir esta situación excepcional de la COVID-19 en el país, más evidente resulta lo esencial que han sido para su enfrentamiento nuestros mecanismos de protección social.
Para nadie es un secreto que en medio de la actual emergencia sanitaria y sus terribles impactos económicos, hay grupos poblacionales en condición de mayor vulnerabilidad, sobre todo las personas jubiladas, familias de madres solteras o con pacientes de enfermedades crónicas, y otros núcleos donde los ingresos totales son todavía muy bajos.
Las medidas que se adoptaron desde el inicio de la pandemia han tratado en lo posible de minimizar este impacto, tanto en materia de prestaciones de la seguridad social, como en la asistencia social a núcleos más afectados.
Desde prestaciones eventuales para trabajadores que en su momento vieron interrumpidas su labor, hasta pensiones temporales para quienes lo requirieron, son disímiles las fórmulas que el Estado ha estado empleando para intentar aliviar esas circunstancias tan adversas.
Las autoridades locales y en las comunidades constituyen un factor vital para la activación oportuna de ese entramado de garantías mínimas que reciben hoy decenas de miles de familias.
Hay lugares, por ejemplo, donde existe una mejor organización, y se han concebido también formas de venta y distribución de productos básicos que ofrezcan alguna prioridad a las personas con alguna discapacidad o condición severa de salud.
Sin embargo, también es cierto que en ocasiones esas posibilidades y garantías se tuercen o usan mal, y en lugar de resolver un problema, generan más sinsabores y disgustos que beneficios.
En todos los casos, es preciso extremar la sensibilidad de dirigentes y funcionarios que en cada territorio tienen que ver con la implementación práctica de nuestros mecanismos de seguridad y asistencia social.
Como también hay que implicar más a presidentes de consejos populares, delegados de circunscripción, líderes comunitarios, en la atención personalizada de los núcleos familiares que puedan estar sufriendo mayores contratiempos.
Todavía hay reservas importantes para la solidaridad, la implicación y la identificación de esos eslabones más débiles dentro de nuestra realidad social. No todo el mundo está en las mismas condiciones para conocer y acceder a determinados beneficios que otorga el Estado, y en muchos casos se requiere de orientación específica e incluso acciones prácticas que allanen el camino para poder cumplimentar los trámites imprescindibles, que hay que seguir simplificando y abreviando, sin dejar de controlar la justeza de cualquier ayuda otorgada.
Por supuesto, no todo es posible dejarlo a las instituciones. A diario vemos muestras de colaboración y apoyo entre vecinos, parientes y amistades, que complementan esas garantías básicas que se prestan a través de la seguridad y la asistencia social.
Sabemos que tales protecciones no son suficientes ni en tiempos normales, mucho menos en una coyuntura tan desfavorable como la que hoy atraviesa el país, pero sí representan una opción que beneficia a muchas familias, ante la obligación social que todos tenemos, individuos e instituciones, de ver siempre por quien más lo necesita.
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