La comercialización de los productos agropecuarios o la ineficiencia de la comercialización han sido, durante años, el lastre de la agricultura; eso se dice fácil, pero hay que tener en cuenta el obstáculo verdadero: la producción no alcanza para satisfacer una demanda que crece en la misma medida que merman productos complementarios o prioritarios de la dieta del cubano.
En este punto del siglo XXI, tras varias medidas que flexibilizan la comercialización, la falta de insumos productivos, de equipamiento, tecnologías e incluso, de fuerza de trabajo en varias partes de la geografía del país siguen inclinando la balanza hacia un consumo limitado.
Otra vez, el país recurre a nuevas medidas para quitar trabas y potenciar la eficiencia de la producción y la comercialización (63 primero y ahora otras 43), el enfrentamiento a los precios abusivos y evitar a toda costa que se pierdan productos en la cadena del surco a la tarima.
Así lo ratificaron Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios, e Ydael Pérez Brito, ministro de la Agricultura, además de otros directivos en conferencia de prensa, que trascendió al intercambio de opiniones y el esclarecimiento de cuestiones relacionadas con las nuevas políticas.
Entre las ventajas de la implementación se encuentran que debe hacerse de manera participativa –administraciones, gobiernos municipales y provinciales, productores y el pueblo- incluso hasta en los consejos de concertación en los territorios, destacó Ydael Pérez.
Buscar reducir los intermediarios, recuperar los mercados, aumentar la gestión del comercio y el pago electrónicos, disminuir las colas, dijo el ministro; al final “hay que sembrar más, porque sin recursos: fertilizantes, plaguicidas, combustibles, los rendimientos son menores. El suelo se descapitaliza”, aseveró y expresó que ello no justifica la ineficiencia que aun late en el sector.
Pero, sentenció el ministro, la nueva política, aprobada hace un mes y medio, y sustentadas por las normas jurídicas “es muy práctica, flexible y está construida con la participación de los productores. Las normas las van asegurando, adaptando y rectificando, en una agricultura que padece escasez de insumos, en medio de una pandemia y afectada por un bloqueo muy recrudecido”.
Yisel González Marrero, directora de Comercialización del Ministerio de la Agricultura, dijo que esta es la primera vez que Cuba tiene una definición de política de comercialización de productos agropecuarios, que integran 51 principios, 31 de ellos totalmente nuevos.
Otra novedad, aseguró, es que pueden participar los comercializadores de la gestión estatal y no estatal, empresas, cooperativas agropecuarias y no agropecuarias y los productores, cuyo pilar es la autogestión: facultados para arrendar camiones, neveras, almacenes, pesas, elementos que deciden en favor de la comercialización.
La directora de Comercialización insistió en la obligación que “tenemos de ofertar productos de calidad con mayor valor agregado”.
En su intervención Meisi Bolaños informó que se eliminan los precios máximos centralizados para malanga, plátanos y boniato, y quedan a disposición de los procesos de concertación de precios, sin que afecten el consumo social.
Refirió que se deben revisar los costos de producción en el nuevo escenario de rebajas de tarifas eléctricas y consumo de agua, como parte de la implementación de las 63 medidas que estimulan la producción agropecuaria.
Por su parte, Rodolfo Rodríguez Expósito, vice ministro primero de la Agricultura, mencionó los costos que va teniendo el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19 a Cuba, y las reales afectaciones del bloqueo de Estados Unidos a la producción agropecuaria, que ni siquiera permite las compras en consignación, una modalidad que se emplea en el mundo.
En contraste, “estamos capacitando a todos los entes participantes, implementando las políticas, con la desventaja que supone hacerlo por videoconferencias, ya que la COVID-19 impide hacerlo de manera presencial en todos los escenarios de la agricultura.
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