Petion-Ville es un barrio de clase media y alta desde donde puede observarse la pobreza que predomina en Puerto Príncipe. En esas colinas se ubican las mejores tiendas y restaurantes de la ciudad. Es una zona vigilada y usualmente tranquila, pero en la madrugada del miércoles 7 de julio se llenó de gritos y disparos. Un comando bien entrenado y mejor armado avanzó provocando explosiones que paralizaron a la fuerza policial.
Según los testimonios, nueve camionetas nissan llegaron en caravana. Gritaban, en creole y en inglés: “operación de la DEA”. Videos domésticos y de cámaras de seguridad registraron al comando de hombres armados que, en formación militar, asaltaron la casa presidencial. Sobrevivientes aseguran que entre ellos hubo individuos blancos, extranjeros, que hablaban español.
Apenas faltaban dos meses para las elecciones presidenciales y la consulta popular que “modernizaría” la Carta Magna, procesos previstos para el 26 de septiembre.
El informe forense asevera que Jovenel Moïse recibió 12 impactos de balas de gran calibre (9 mm) y que su oficina y dormitorios fueron saqueados. La esposa sobrevivió, se encuentra en estado crítico en un hospital de la Florida. Los tres hijos del matrimonio “fueron trasladados a un lugar seguro”.
La precisión con que fue ejecutado el magnicidio induce a pensar en la complicidad de figuras cercanas al presidente quienes pudieron haber facilitado información y acceso a planos de la vivienda. El alto calibre de las armas y el tipo de vehículos empleados habla además de un golpe bien financiado.
Ante un operativo que parece extraído de una serie de Netflix, muchos se preguntan dónde estaba la guardia presidencial y, sobre todo, quién gana con el vacío de poder que deja el crimen en medio de una creciente ola de contagios de COVID-19 en la nación más pobre del hemisferio occidental y que aún no ha recibido el primer lote de vacunas prometidas por el proyecto Covax.
¿Quién manda?
La Constitución de 1987 establece que, ante la ausencia del presidente, corresponde al Consejo de Ministros, encabezado por el primer ministro, ejercer la autoridad ejecutiva hasta la elección de un nuevo gobernante. Pero ese cargo está hoy en disputa. Durante tres meses lo ocupó de manera interina Claude Joseph. El pasado lunes 5 de julio el mandatario asesinado había nombrado a Ariel Henry, quien aguardaba para asumir oficialmente en estos días.
Luego del magnicidio, Joseph llamó a la calma y ha dicho que no debe dejar el puesto; mientras tanto, Henry exige que se cumpla lo que podría ser el último decreto presidencial de Moïse.
Si el primer ministro no estuviera disponible, le sigue en escala jerárquica el presidente de la Corte Suprema, responsabilidad que era ocupada por el juez René Sylvestre, cuyo sepelio también estaba previsto para esta semana luego de que muriera de COVID-19 días atrás.
A continuación, estaría llamado al puesto el presidente de la Cámara de Diputados, pero esa institución fue suspendida por Moïse en enero del 2020, quien desde entonces comenzó a gobernar por decreto.
A la incertidumbre política deberíamos sumar que el primer ministro interino Claude Joseph declaró el estado de sitio en Haití, ordenó cerrar las fronteras e impuso la ley marcial, figura jurídica que sitúa a las diezmadas Fuerzas Armadas como máximas garantes de la seguridad y faculta a los tribunales militares para impartir justicia.
Hasta el momento no existe una versión oficial del crimen, aunque se ha informado de varios arrestos y que, como resultado de un enfrentamiento con la Policía, murieron cuatro de los supuestos asaltantes.
Moïse, el outsider
Jovenel Moïse estuvo un lustro al frente del Gobierno haitiano. En el 2015 dejó de ser un próspero empresario para aspirar a la presidencia por el Partido Haitiano Tèt Kale (PHTK). Ese año ganó unos comicios que fueron anulados y volvió a triunfar en el 2016, con más de un 55 % de los votos.
En febrero del 2017 juró como presidente pero la situación en la que ha tenido que gobernar ha sido muy compleja: 7 de cada 10 haitianos son pobres; más del 70 % vive con menos de 2 dólares al día, mientras que el 56 % lo hace con menos de un dólar, lo que les coloca por debajo del umbral de la extrema pobreza.
Solo el 52,9 % de la población está alfabetizada y apenas 3 de cada 10 personas tienen acceso al sistema de salud. La expectativa de vida no rebasa los 60 años y el 2,2 % de la población adulta vive con VIH/sida, por lo que figura en la lista de los 30 países con mayor tasa de prevalencia de esa dolencia en el mundo.
En el 2010 la nación caribeña sufrió un devastador terremoto y 6 años después el azote del huracán Matthew. Entre uno y otro desastre natural, padecieron de un brote de cólera que ocasionó el fallecimiento de al menos 10 mil haitianos. En total fueron más de 18 mil muertos y 132 mil personas sin hogar en menos de un decenio.
La catástrofe humanitaria les colocó en la mira de la comunidad internacional. Recibieron más de 9 mil millones de dólares en asistencia humanitaria y donaciones, además de unos 2 mil millones en suministros de petróleo a bajo costo y préstamos de Venezuela. Pero ese apoyo, en lugar de contribuir a la reconstrucción de la infraestructura y la economía, reforzó la dependencia. Actualmente el 60 % del presupuesto nacional se estructura sobre el aporte de otras naciones.
Las cartas de presentación que según analistas dio prestigio a Jovenel para ganar en los comicios del 2016 fueron su origen rural y el éxito alcanzado como empresario, pero desde que llegó a la poder le llovieron acusaciones de corrupto, de haberle fallado al electorado en sus promesas de garantizar seguridad ciudadana y de ser cómplice de ciertos actos violentos», señaló a BBC Alexandra Filippova, del Instituto por la Justicia y la Democracia en Haití.
Desde mediados del 2018, Moïse enfrentó protestas callejeras, agravadas por suspender los comicios legislativos previstos para el 2019. Al momento de su muerte. promovía una campaña contra las compañías de electricidad que por décadas han cobrado al Gobierno un servicio que no prestan. También impulsaba un referendo para cambiar la constitución. Se especula que pretendía incluir la posibilidad de reelegirse.
La violencia no es el camino
El presidente Jovenel Moïse era un emergente en el mundo de la política, algo que las oligarquías no podían aguantar, aseguró el doctor haitiano en Ciencia Política y Administración Pública, Louis Jean-Pierre Loriston, en entrevista con televisada por France24.
En mi país la oposición nunca acepta su derrota en las elecciones, afirmó. El problema de la violencia política no es de hoy, es cultural. No hay tradición democrática y los mandatarios gobiernan como reyes, eso explica, en parte, por qué hemos sufrido más de 20 golpes de Estado a lo largo de la historia.
La violencia en Haití es también cultural, sostuvo. Recordó que solo 175 años después de la independencia fue que la lengua creole, hablada por el 90 % de la población, fue reconocida como idioma oficial.
Vale añadir que la práctica de la religión vudu también fue reconocida de manera tardía, en el 2004.
Las 6 escuelas fundadas por Dessalines, patriarca de la independencia de 1804, fueron construidas dentro de los cantones militares de entonces, ello habla de un sistema educacional que desde sus inicios privó a muchos haitianos de la posibilidad de estudiar.
La Constitución reformulada en 1908 terminó de hundir al país en la pobreza, añadió Loriston, la retirada del artículo que prohibía a los extranjeros tener propiedades dejó a muchos campesinos sin tierras para cultivar y abrió las puertas a los inversionistas estadounidenses.
El magnicidio agrava la crisis política que desde hace años vive el país, concluyó. Los que más poder de fuego tengan tratarán de reemplazar al jefe de Estado. La provisionalidad de un Gobierno solo ayuda a debilitar más las instituciones del país.
El escritor, analista político y activista por los Derechos Humanos Robenson Glesile recordó, por su parte, que el 25 % de los jefes del Estado haitianos no han podido terminar su mandato, y ello confirma la espiral crónica de violencia que ha sufrido la nación.
A pesar de esas estadísticas, el único magnicidio que había vivido Haití tuvo lugar en 1915, cuando el premier Vilbrun Guillaume Sam fue arrastrado y golpeado hasta la muerte por un grupo de rebeldes, situación que dio pie a la primera intervención militar de Estados Unidos ese mismo año y que mantuvo el país ocupado hasta 1934. La acción se repitió entre 1993 y 1995 y más tarde, en el 2004.
Entre 1957 hasta 1986, los haitianos vivieron 29 años de dictadura: “En 1990 tuvimos nuestras primeras elecciones democráticas, así que somos una nación muy joven en ese sentido, comentó Glesile, aunque el presidente democráticamente electo ese año, Jean-Bertrand Aristide, fue derrocado 7 meses después por un golpe de Estado apoyado por potencias extranjeras”.
La injerencia exterior no contribuye a que Haití sea un país democrático, reflexionó, y los primeros responsables somos nosotros, los ciudadanos, que debemos asumir y exigir al Gobierno que tome el camino de la justicia, de los derechos humanos, de la seguridad…
El escritor rememoró que, durante su campaña presidencial, Moïse fue uno de los pocos candidatos que entró a los barrios más peligrosos de Puerto Príncipe, y lo hizo custodiado por el jefe de una banda armada. Se calcula que en el país operan unas 70 organizaciones de ese tipo, las cuales controlan el 60 % del territorio y lucrativos negocios como el narcotráfico.
El Ejército haitiano fue eliminado en 1994 con el pretexto de “evitar intentonas golpistas”. En el 2017 fue reinstaurado, pero apenas tiene 500 miembros. La Policía cuenta, por su parte, con 15 mil efectivos.
Estamos en una situación de confusión bastante fuerte, definió el joven intelectual Glesile, queremos saber exactamente cómo ocurrieron las cosas, si un grupo armado pudo entrar a la casa del presidente y asesinarlo sin encontrar respuesta, es que algo falló. Hoy podemos decir que el futuro de los haitianos es incierto y comprometido, no obstante, estoy convencido de que la violencia no es el camino para la democracia en mi pueblo.
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