Después de más de dos meses del Paro Nacional en Colombia, tras el cual se contabilizan ya más de 3 mil 486 hechos de violencia por parte de las autoridades de seguridad estatales y otro millar de personas detenidas arbitrariamente, organizaciones no gubernamentales (ONG) de ese país confirmaron que se han cometido unos 75 asesinatos por parte de las fuerzas públicas.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que ha dado seguimiento a esta situación, unas mil 468 personas han denunciado violencia física por parte de los cuerpos policiales, confirmándose acciones evidentemente irregulares como omisiones y complicidades que deben ser investigadas por los organismos de control e instancias internacionales.
Uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional colombiana, vulneración sistemática del derecho a la protesta, violación de múltiples derechos consagrados en la Constitución nacional y en las legislaciones internacionales relacionadas a los derechos humanos, son algunas de las acusaciones por las que se exige al gobierno el “desmonte total del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)».
El informe conjunto de Indepaz y otras ONG conocida como Temblores precisa que en las detenciones ilegales, según testimonios de jóvenes que han resultado retenidos en medio de las manifestaciones, se procede a dar captura a los protestantes de manera ilegal, se le imputan cargos que no han cometido y por los que se les abren procesos en su contra, violando además sus derechos.
De igual forma, se les amenaza con la judicialización e imputación de manera arbitraria del delito penal de terrorismo, en algunos casos se les traslada a infraestructuras no creadas para llevar o trasladar a —como coliseos deportivos, bodegas y estaciones de transporte público— y allí se les retiene junto a una gran cantidad de personas de las que estaban protestando.
Pruebas documentales e imágenes subidas a redes sociales o difundidas en blog personales han hecho visible que en su mayoría las capturas son realizadas por personas vestidas de civil y sin identificación visible de su pertenencia a la Fuerza Pública y los mayores actos de violencia física y sicológica por parte de la policía que han sido registrados, son: golpes, chorros de agua directos, detenciones en zonas no adecuadas, incomunicación con familiares, traslados continuos sin previo aviso, así como tocamientos y objetos personales y de identificación retenidos en medio de procedimientos ilegales.
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– Se han producido 75 homicidios, 44 de los cuales de autoría de la Fuerza Pública.
– Dos fueron cometidos contra mujeres y 73 contra hombres.
– Por edades: 32 de los asesinados tenían entre los 18 y 25 años; 19 entre los 26 y 50 años; 16 sin identificación de edad; cinco eran menores de edad y tres entre los 60 y 80 años.
– 83 personas han sido víctimas de lesiones oculares por proyectiles lanzados por la Fuerza Pública desde el inicio de las protestas.
– 28 personas han sido violentadas sexualmente, resaltando el acoso sexual verbal; la discriminación y las amenazas con violencia sexual.
Fuente: Informe Cifras de la violencia en el marco del Paro Nacional 2021, Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) que recoge la etapa 28 de abril-28 de junio.
[/note]Ante tal situación, que parece extenderse por tiempo indefinido y por demás agravarse, estas organizaciones han exigido a las autoridades involucradas en violaciones a derechos humanos en el marco del Paro Nacional una pronta, imparcial y veraz investigación por parte de la jurisdicción ordinaria, garantías de autonomía de los entes que están a cargo de hacer veeduría sobre la acción del Gobierno y los funcionarios públicos, particularmente de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para que verifiquen el respeto y garantía de los derechos humanos por parte de agentes del Estado en todo tiempo y lugar.
De la misma forma, solicitan la prohibición de cualquier sistema de incentivos y/o cuotas por detenciones, judicializaciones y traslados por protección a manifestantes o cambio de ascensos dentro de la fuerza pública que puedan promover el ejercicio arbitrario de la fuerza; y que se reforme estructuralmente a la policía para ponerla a tono con los estándares internacionales de derechos humanos.
«Esta debe ser una fuerza civil la cual no puede actuar bajo la lógica del conflicto armado y la lucha contra el narcotráfico. Esto implica entrenamientos y educación con enfoque de derechos humanos, perspectiva diferencial y la eliminación de las formas violentas en manejo de la protesta social», señala el informe de Indepaz.
La prohibición total e inmediatamente del uso de las denominadas “armas no letales” o “de letalidad reducida” que tengan la potencialidad de producir daños como los que ya se han hecho públicos, es otra de las exigencias establecidas; a las que se une que los gobiernos locales brinden las garantías de seguridad y bioseguridad a toda la población para ejercer su derecho fundamental a la protesta, se respete la vida y la integridad de las mujeres y diversidades sexuales se encuentren o no en el marco de la protesta social y se inicien de forma inmediata investigaciones penales y/o disciplinarias de las múltiples agresiones.
Se exige también al Gobierno Nacional y los locales, brindar información completa, oportuna y veraz de los casos donde se presenten personas heridas, detenidas y desaparecidas en el marco de las movilizaciones para que puedan recibir la atención requerida (médica, jurídica y psicosocial) y el esclarecimiento de las apariciones de personas asesinadas y desmembradas, y que las autoridades se abstengan de estigmatizar con sus pronunciamientos y discursos de odio, pues estos confunden y responsabilizan a la protesta social de los hechos violentos presentados en el país.
Esto ocurre por demás, en un país en el que solo en lo que va del 2021 se han registrado unas 46 masacres contra activistas y líderes sociales que han dejado ya un saldo 175 personas asesinadas y solo en las últimas 24 horas se registraron más de 28 mil 470 nuevos casos positivos con el nuevo coronavirus y 648 fallecidos, para alcanzar un total de más de 4 millones de personas infestadas, de las que más de 100 mil de ellas no han sobrevivido.
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