Fue en la Plaza Cívica, hoy de la Revolución, luego de un desfile de 14 horas, que el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz anunció: “En los próximos días el Gobierno Revolucionario decretará una ley nacionalizando las escuelas privadas”. Así, el 6 de junio de 1961, quedó promulgada la Ley de Nacionalización General y Gratuita de la Enseñanza.
Nobles y patrióticos sentimientos, cimentados en las ideas de Martí, cuando dijo: “(…) al venir a la tierra, todo hombre tiene derecho a que se le eduque, y después en pago, el deber de contribuir a la educación de los demás”, sustentaron la creación y puesta en vigor de esta norma jurídica que estableció una educación pública, humanista, laica, integral y equitativa.
De tal forma la educación en Cuba abrió un nuevo cauce en beneficio de las clases más pobres, con el propósito de ofrecer iguales oportunidades y posibilidades para todos, sin distingos ni privilegios. Sobre ello la Doctora en Ciencias Pedagógicas Lidia Turner Martí señaló en una ocasión, en este semanario, que “se promulgó en el momento necesario, pues años antes o después no hubiera sido posible”, ocupando un lugar prominente en la transformación de la enseñanza en nuestro país.
La Ley de Nacionalización General y Gratuita de la Enseñanza constituyó también un sostén legal fundamental para llevar a cabo la Campaña Nacional de Alfabetización, que posibilitó a un millón de cubanos aprender a leer y a escribir, y sentó las bases para el posterior desarrollo económico y social de la nación.
La crítica situación por la que atravesaba Cuba en materia educativa —y denunciada por Fidel en su histórico alegato La historia me absolverá— significó el detonante para dichos cambios, que tenían como fin único lograr la formación de ciudadanos plenos y felices, con los mejores valores, sujetos de su propio destino.
Estos fueron, entonces, los antecedentes de la obra que vendría luego: la creación de los círculos infantiles, la formación acelerada de maestros (plan Minas-Topes-Tarará), los planes de seguimiento, las campañas por alcanzar el 6°. y el 9°. grados, el desarrollo de la enseñanza técnica y profesional, la construcción de nuevas universidades, pues al triunfo de la Revolución apenas existían tres (la de La Habana, la de Las Villas y la de Oriente).
Si hoy Cuba cuenta con un prestigio incuestionable en este sector —reconocido por organismos internacionales con premios tales como el Rey Sejong, que otorga la Unesco, entre otros—, con altas tasas de escolaridad, más de un millón de universitarios preparados en las más disímiles ramas del saber, y en el Programa de Alfabetización Yo Sí Puedo (que ha beneficiado a millones de personas en el mundo), se debe admitir con justeza que todo ello tiene sus raíces en esa importantísima ley, cuyo alcance llega a nuestros días.
Más de 10 mil instituciones en la enseñanza general básica (desde círculos infantiles, escuelas primarias y secundarias; institutos preuniversitarios y politécnicos, hasta la educación de adultos); más de 60 centros de la Educación Superior (entre estos 25 adscritos a este Ministerio, y varios pertenecientes a organismos como Cultura y Salud Pública), dan una idea de cuánto ha hecho la Revolución en el campo de los saberes y la formación de valores, al margen de una enorme fuerza docente, calificada en diferentes ramas y niveles de enseñanza.
En estos tiempos de pandemia, cuando la situación higiénico-sanitaria obligó a la suspensión de las clases de manera presencial, solo una infraestructura de este tipo, con el apoyo de claustros preparados y comprometidos, posibilitaron continuar el quehacer educativo, ya sea a través de las actividades docentes televisivas (en la enseñanza general), y el vínculo con los estudiantes universitarios mediante el empleo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), además de las redes sociales.
Ha sido una labor ardua, emprendida con dedicación y constancia por los ministerios de Educación y Educación Superior (y otros organismos formadores). Necesarios ajustes curriculares, adaptaciones en la organización escolar, participación de estudiantes y profesores en centros de aislamiento, en las llamadas zonas rojas, y en diversas tareas de impacto en las comunidades, han caracterizado la labor durante el período. Todo ello valida la idea de que la ley en cuestión, nacida casi con la Revolución tuvo, tiene y tendrá una trascendencia, incuestionable y valiosa para las presentes y futuras generaciones de cubanos.