Mientras el presidente de Colombia Iván Duque destacaba en Twitter “el profesionalismo de @PoliciaColombia” y reiteraba “cero tolerancia con conductas que violen la ley”, los voceros del Comité Paro continuaban denunciado la represión contra la protesta pacífica y convocaban a la “toma de Bogotá” el venidero 9 de junio.
En conversatorio de AS/COA destacamos el profesionalismo de @PoliciaColombia y reiteramos que hay cero tolerancia con conductas que violen la ley. De hecho, en el Congreso hace trámite reforma para que el servicio de seguridad sea más próximo al ciudadano y haya mayor escrutinio. pic.twitter.com/OqJtaTVaip
— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 2, 2021
Las jornadas de protestas de este miércoles y jueves terminaron con nuevas acciones represivas de los cuerpos castrenses contra los manifestantes y vecinos de los barrios donde tienen lugar algunas de las concentraciones y marchas iniciadas 36 días atrás y que no emiten señales de un pronto final.
Entretanto, las conversaciones entre el Gobierno y el Comité del Paro Nacional (CPN), cayeron en un limbo improductivo tras la insistencia de los representantes de Duque de poner como condición para avanzar el total levantamiento de los bloqueos a las vías ya que esa “no es una manera legítima de protestar”, según palabras del consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Ardila, a cargo del equipo de negociadores.
Los voceros del Comité recordaron, por su parte, que como muestra de buena voluntad a la instalación de la mesa el pasado 7 de mayo, desarticularon decenas de retenes en todo el país. Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores e integrante del CPN, denunció que el gobierno dilata exprofeso la firma de un preacuerdo que establezca garantías para la protesta social, entre ellas el cierre de vialidades.
Lo cierto es que este jueves el director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, Juan Alberto Libreros, informó a la prensa local que estaban activos 52 bloqueos en toda Colombia, los cuales afectaban apenas ocho de los 32 departamentos del país.
La obstrucción de las vías es uno de recursos más usados para la protesta en Colombia y otras naciones suramericanas. El gobierno de Iván Duque lo ha sufrido casi desde el inicio de su mandato. El bloqueo de carretera panamericana entre Cali y Popayán en 2019, por ejemplo, ocasionó pérdidas billonarias, sobre todo al sector ganadero y del transporte.
El presente cierre de las principales vías ha tenido un alto impacto en la economía, ha dificultado el tránsito de alimentos, insumos de primera necesidad, incluido los médicos, pero los manifestantes sostienen que “es nuestra manera de presionar pacíficamente para que haya cambios en materia política y social en medio del derecho legítimo a la protesta”.
Alrededor de los puntos de bloqueos y las plazas de las ciudades y municipios de todo el país han tenido lugar las principales acciones represivas que, según la ONG Temblores, ha dejado “mil 248 víctimas de violencia física, 45 homicidios presuntamente cometidos por la fuerza pública, mil 649 detenciones arbitrarias, 705 intervenciones de fuerzas del orden en las protestas, 65 víctimas de daño ocular y 22 víctimas de violencia sexual”.
Precisamente esa brutal represión ha sido el oxígeno de esta convulsa situación que se inició contra una torcida reforma tributaria y ha devenido en plataforma para demandar el nuevo pacto social que desde hace mucho tiempo reclama la sociedad colombiana.
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