Lo que comenzó en Tuluá, cabecera del municipio homónimo del departamento colombiano del Valle del Cauca, como un plantón solidario con los más de 40 fallecidos tras cuatro semanas de paro nacional, terminó con el joven estudiante Camilo Arango muerto, al parecer por arma de fuego; dos civiles heridos; al menos 18 establecimientos comerciales y públicos vandalizados; saqueos; y un incendio en el Palacio de Justicia de la localidad.
La Policía y Fiscalía intentan esclarecer las circunstancias y los responsables del siniestro, así como los perjuicios en los expedientes judiciales allí almacenados, pero el personal de los juzgados, tribunales y organismos del poder judicial han reclamado que cesen los ataques contra instituciones de justicia, pues el Palacio de Tuluá no ha sido el único.
El gobierno atribuyó el incendio a los manifestantes, mientras voceros del Comité Nacional del Paro (CNP) han declarado tener pruebas de que lo generaron grupos de civiles armados ajenos al movimiento. Denuncian que el hecho es un ejemplo más de que civiles paramilitares infiltran la protesta buscando desprestigiarla y deslegitimarla.
El diario local El País de Cali confirmó que los hechos comenzaron a las 7:30 pm hora local y que media hora más tarde se decretó la emergencia. Según el Cuerpo de Bomberos de Tuluá, varias de sus unidades lograron acercarse al edificio y hacer un proceso de refrigeración de las paredes para evitar que las llamas se extendieran a otras viviendas.
Cuando el edificio aún ardía, el ministro de Justicia Wilson Ruiz escribió en Twitter que “Ataques como los de esta noche en Tuluá dejan de ser vandálicos y se convierten en actos terroristas. La protesta pacífica es legítima, la violencia es delito”.
En las primeras semanas del Paro, durante los hechos violentos vividos en Cali entre fuerzas paramilitares y la Guardia Indígena que planeaba una protesta en la capital del Valle del Cauca, el Comité del Paro denunció que existe la «violencia oficial» de las fuerzas armadas y policiales, y también «violencia privada» que en aquella ocasión vistió de blanco y disparó desde autos costosos.
El CNP acusa al gobierno de no ceder al reclamo de que se respete el derecho a la protesta pacífica, por lo que se mantendrán en las calles pese a los pedidos de repliegue del presidente Iván Duque.
A dos días de que se cumpla un mes Paro Nacional, los organizadores han convocado a tomar las capitales departamentales y municipales, iniciativa que pretende mantener la presión sobre la mesa de diálogo entre el Gobierno nacional y el Comité gestor.
