Ni el alto nivel de contagio que muestra el SARS-Cov 2, ni la gran pasión que despierta el fútbol en los colombianos, han frenado la fuerza del paro nacional iniciado el pasado 28 de abril y que este fin de semana ha reactivado su llamado a mantenerse.
Colombia es hoy uno de los 10 países del mundo con más muertos por Covid-19. Hasta el 22 de mayo tenía 83 mil 719 fallecidos y más de 3 millones de contagiados. Varias ciudades han reportado hospitales colapsados, especialmente las salas de terapia intensiva, unidades desbordadas en capacidad de respuesta y sin camas para nuevos ingresos. A pesar de ello, y de una insuficiente campaña de vacunación, la gente sigue en las calles.
«Si este Gobierno pretendía tapar sus atrocidades con una Copa América, le quedó difícil, Colombia ya no será sede y este Gobierno se sigue quedando sin oxígeno», escribió la senadora del partido Comunes Griselda Lobos al conocer la decisión de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) de no postergar el evento para noviembre como pedían las autoridades nacionales, sino trasladar la sede a naciones vecinas.
Los manifestantes, a pesar de reconocer ese deporte como la gran pasión de Colombia, aplaudieron la decisión: Ahora hay otras prioridades como la lucha social, opinaron.
“Sin justicia no hay fútbol, no hay país, no hay democracia, no hay nada», destacó en su cuenta en Twitter el comunicador Julián Enrique Gómez; mientras el representante a la cámara del Congreso por ese mismo partido, Sergio Marín, aseguró que ya los goles no podrán tapar muertos, desaparecidos ni violaciones a los derechos humanos cometidos por la fuerza pública durante el paro nacional.
Sostenerse, resistir…
El jueves 20 de mayo Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), una de las fuerzas del Comité Nacional del Paro (CNP) que conduce las negociaciones con el Gobierno, declaró que las manifestaciones se reforzarán de cara al 26-28 de mayo, en las que habrá jornadas intensas para conmemorar el primer mes de protestas.
El CNP, sin liderazgo único ni visible aun, ha nucleado sectores diversos que explican la amplitud de las demandas.. Entre sus gestores destacan, además de la CUT, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (Unees), así como grupos de campesinos e indígenas.
Por el Gobierno concurren a la mesa de negociaciones autoridades también diversas, entre ellos representantes de la Iglesia Católica, de agencias de Naciones Unidas (ONU), y el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, quien fue liberado del cargo este sábado ante el reclamo de los manifestantes por su silencio frente a la masacre perpetrada por el Gobierno y la represión.
Algunos negociadores reconocen cierto avance en los diálogos, pero periodistas y observadores han denunciado que durante el día tienen lugar las conversaciones, y en las noches la policía reprime con desmedida fuerza a los manifestantes.
La actitud de los uniformados es coherente con la violencia sistémica que vive Colombia desde hace casi un siglo. Responde además a una orden del presidente Iván Duque, quien el pasado lunes, en medio de las conversaciones con el CNP, indicó a la fuerza pública desplegar “máxima capacidad operacional” contra los bloqueos que obstruyen la libre circulación en las vías en las ciudades más importantes.
El derecho a la movilización pacífica es precisamente uno de los principales reclamos, sobre todo luego de saberse que ya son más de 40 los muertos en 22 días de protestas, así como más de 500 desaparecidos y mil detenidos, según reportan activistas y organizaciones de derechos humanos.
Contra esa ofensiva de muerte y atropello, van los “plantones” convocados para lunes y martes (24 y 25 de mayo), a las 14:00, hora local, en la plaza de Bolívar, en Bogotá. Se harán coincidir con las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes en las que se evaluará la moción de censura contra el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, a quien se le responsabiliza de la represión de las últimas semanas, especialmente del accionar del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en Colombia asegura que el Esmad viola sistemáticamente los derechos humanos en Colombia, abusa de su poder, ejerce la fuerza de manera ilegal y desproporcionada, y no cumple los protocolos de actuación.
Según documento publicado por la CNP, el movimiento convoca a “apoyar la moción de censura contra el Ministro de Defensa, a exigir su renuncia en las calles”, y reitera “la exigencia al presidente de la República para que acepte la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
El comité nacional y los departamentales han anunciado que la semana próxima tendrá lugar una caravana de solidaridad con la ciudad de Cali y el pueblo valluno (del Valle del Cauca), que junto al Portal de las Américas, de Bogotá, rebautizado como Portal de la Resistencia, han estado entre los espacios más reprimidos y militarizados durante el paro.
¿Qué reclaman? ¿Qué han ganado?
Si bien las protestas se iniciaron por una ley fiscal que finalmente fue retirada, incluso antes de ser discutida en el Congreso, el abanico de reclamos es ahora mucho más ambicioso: renta básica de al menos un salario mínimo mensual, defensa de la producción nacional, entrega de subsidios a pequeñas y medianas empresas, empleos dignos, matrícula cero y alternancia educativa, suspensión de políticas de privatizaciones, derogación del decreto 11-74 sobre protección social, y aplicación de políticas de no discriminación por motivos de género, diversidad sexual y étnico.
Conseguir la totalidad de las demandas parece imposible, pero hasta el momento la intensidad, permanencia y extensión del Paro ha llevado a suspender dos reformas (la tributaria y de salud); y ha hecho caer a cinco altos cargos del Gobierno nacional: tres ministros (Hacienda, Exteriores y Cultura, Alberto Carrasquilla, Claudia Blum, y Felipe Buitrago), al comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Juan Carlos Rodríguez, y al Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos, cuyo cese se hará efectivo el miércoles 25 de mayo.
Las instituciones colombianas clasifican a los ciudadanos según su ingreso, para ello dibujaron seis niveles, el I es el más bajo, el de las personas que prácticamente viven en la miseria, y el nivel VI corresponde a los sectores más enriquecidos. Precisamente para los estratos del I al III el Gobierno acaba de anunciar que garantizará acceso gratuito a la educación. Este era uno de los reclamos más antiguos del movimiento estudiantil, algo que insistentemente se les negaba y que aparece ahora como una de las grandes victorias del paro.
Violencia sistémica
Las protestas multitudinarias de las últimas semanas son la expresión del hartazgo en que se encuentran los colombianos frente a problemas no resueltos, o agravados por décadas. Los dos conatos de rebeldía anteriores: el paro nacional del 21 de noviembre de 2019 y las manifestaciones populares de septiembre de 2020, no fueron atendidos como merecían.
De aquellos apenas quedaron los 13 jóvenes muertos a manos de la fuerza pública que, junto a paramilitares, han participado además en masacres y asesinatos selectivos contra líderes y lideresas sociales en Colombia. Solo el año pasado hubo más de 136 matanzas, en lo que va del 2021 suman más de 35.
Si miramos un lustro atrás, a la firma del Acuerdo de Paz en 2016, confirmamos que a pesar de la esperanza que muchos pusieron en él, más de mil 100 líderes sociales y 271 firmantes han muerto asesinados.
El cese de la violencia trasciende entonces como ese otro viejo clamor que nace en la Colombia profunda y alcanza ciudades y pueblos.
