Los cuatro anteproyectos de leyes de los que diputados y juristas cubanos enriquecerán con sus criterios son normas muy avanzadas en el orden del Derecho, atemperadas a las características propias de Cuba, y están elaboradas sobre la base de un adecuado desarrollo de los principios constitucionales, aseguró un experto en la materia.
Tal valoración corresponde a José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), para quien tras su aprobación esas nuevas legislaciones de los Tribunales de Justicia, del Proceso Administrativo, del Código de Procesos y del Proceso Penal perfeccionarán la actividad jurídica en el país.
En su próximo período ordinario de sesiones corresponderá al órgano supremo del Estado aprobarlas, no sin antes someterse a debate en las instituciones vinculadas a la rama del Derecho, incluidas las facultades de esa carrera en las universidades cubanas, y recogerse los criterios o aportes de la población.
Sobre el anteproyecto de ley de los Tribunales de Justicia, Toledo Santander explicó esta semana que como objetivo fundamental de la actividad judicial contempla la salvaguarda del orden económico, social y político establecido en la Constitución, y refuerza el principio de independencia, imparcialidad, transparencia y control popular del sistema de tribunales.
Promueve, además, que la mayoría de los procesos y conflictos sean resueltos en los juzgados municipales y creará las salas de garantía constitucionales en la sedes provinciales y en el Tribunal Supremo, dijo.
El también diputado de la ANPP significó que la futura ley prevé la obligación institucional de resarcir a las personas por los daños y perjuicios que le sean causados por el actuar negligente de directivos, funcionarios o empleados del sector en el ejercicio de su responsabilidad.
Por su parte, la norma de Proceso Administrativo posibilitará a la ciudanía defenderse de actuaciones u omisiones de la administración que le lesionen sus derechos, lo cual incrementará el régimen de garantías a la población.
La ley de Procedimiento Penal introducirá el derecho a la defensa y la obligación de instruir de cargos al imputado dentro de las 24 horas en caso de estar detenido, y de cinco días después de formulada la denuncia, cuando aquel se encuentre en libertad, en tanto a partir de ese momento el acusado podrá nombrar un abogado, proponer pruebas y examinar el expediente.
Toledo Santander subrayó que a los menores de 18 años de edad se les designará un abogado de oficio desde el momento de su arresto, al igual que aquellos ciudadanos detenidos por medida cautelar y que no hayan nombrado un jurista para su defensa.
Igualmente, comentó que este instrumento legal permitirá la aplicación de técnicas especiales de investigación como la vigilancia electrónica y encubierta, así como también reconocerá el derecho de las víctimas.
Antes de su aprobación en julio venidero, estas cuatro normas serán ampliamente discutidas por los diputados cubanos, proceso en el que podrá participar la población mediante los canales de comunicación de la ANPP. (Tomado de ACN)
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