El domingo pasado hubo elecciones presidenciales en dos naciones latinoamericanas: Ecuador y Perú. En la primera ganó Guillermo Lasso, un empresario y banquero que se presenta como “exitoso y liberal”; mientras que la segunda elegirá en balotaje entre Pedro Castillo, quien tomó sorpresiva ventaja en las últimas semanas, y Keiko Fujimori, que aspira al cargo por tercera vez.
De manera que, justo cuando un banquero retrógrado gana los comicios presidenciales en la mitad del mundo; un maestro a caballo y con la reforma agraria como bandera, cobra fuerza como candidato en la tierra de los incas: una de cal y otra que podría ser arena.
Ecuador: ¡qué viva el capital!
La tercera parte de la población ecuatoriana (32 %) vive en la pobreza y casi el 15 % en la pobreza extrema, según estudio difundido en marzo del presente por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Inec). Ante ese dilema, decepcionada, también casi una tercera parte (del padrón electoral) prefirió no votar, anular la boleta o dejarla en blanco, con lo cual allanó el camino para que la propuesta más neoliberal se alzara con la victoria.
No extraña entonces que el primer anuncio de Lasso en materia de legislación ante la Asamblea Nacional fueran tres reformas a las leyes de Educación Superior, Comunicación y Tributos, las cuales limitarán el acceso a becas universitarias, eliminará los medios públicos y recortará algunos impuestos.
Tampoco sorprenden las declaraciones del director para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner, de que el equipo entrante “conoce muy bien el programa que se tiene en operación con el presidente Lenín Moreno”, con quien suscribieron dos acuerdos. Uno de ellos permitirá acceder a 6 mil 500 millones de dólares en financiamiento, la mayor parte (4 mil millones) ya desembolsados en diciembre pasado.
Esos préstamos, ya sabemos, van contra el gasto público y multiplican la deuda externa, fardo eterno que cargan las clases bajas y medias de las naciones.
¿Hartazgo político en Perú?
El ciclo que cierran las presidenciales peruanas ha sido tumultuoso, en pocos años han tenido cuatro presidentes, dos Congresos, e innumerables muestras de descontento y frustración popular.
Una de las resultantes de tan errática gestión fue la atomización política, realidad que explica la boleta con 18 candidatos a la presidencia. Solo uno, Pedro Castillo, del partido Perú Libre, rozó el 20 % del voto popular, mientras que sus contrincantes más cercanos no alcanzaron siquiera el 14 %: Keiko Fujimori (Fuerza Popular), 13.3 %; Rafael López Aliaga (Renovación Popular), 11.6 %; y Hernando de Soto (Avanza País), con 11.5 por ciento. En Perú el voto es obligatorio, no obstante, el ausentismo fue de casi el 30 % del padrón electoral.
Según las encuestadoras, Castillo no era favorito, pero quien fuera líder de la huelga nacional de maestros del 2017 creció en adeptos con un programa de gobierno denominado Documento contestatario al neoliberalismo, en el cual propone un modelo de “economía popular con mercados”, y argumenta la necesidad de nacionalizar sectores estratégicos como el minero, gasífero, petrolero, hidroenergético y de comunicaciones.
Su contrincante para el balotaje, Keiko Fujimori, enfrenta problemas judiciales por los cuales podría recibir una condena de 30 años y 10 meses de cárcel. Pero si gana la presidencia, el cargo abre su sombrilla de inmunidad y el proceso quedaría congelado al menos hasta el 2026.
Uno de los principales acusadores, el fiscal José Pérez, sostiene que ella es culpable de lavado de activos, así como de obstaculizar la justicia y encabezar la organización criminal Fuerza Popular (partido político), para el cual pide su inmediata disolución. La lista de inculpados incluye a otras 39 personas, entre ellas, al esposo de Fujimori, Mark Vito (estadounidense).
El venidero 6 de junio los peruanos saldrán a votar una vez más, esperemos que la sabiduría, el valor y la ética de las culturas originarias, se imponga a los vicios del capital.
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