“La pandemia ha provocado una catástrofe educativa mundial que es necesario abordar desesperadamente para evitar que la generación de la COVID-19 se convierta en una generación perdida”, dijo la directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore, al presentar en Nueva York el informe La COVID 19 y la inminente crisis de la deuda.
“Debido a la COVID-19 y a la carga de la deuda a la que se enfrentan algunos países, ya estamos observando una contracción de los presupuestos para la educación en un momento en que necesitan invertir en la mejora de las escuelas y en los sistemas educativos”, afirmó Fore.
El informe (solo disponible en inglés) señala que la respuesta mundial a la crisis de la deuda es demasiado tímida en comparación con la respuesta fiscal que se ha dado a la COVID-19 en todo el mundo. En la actualidad, la paralización de la deuda no abarca la contraída con acreedores comerciales, lo que deja a los países de ingresos medios cada vez más expuestos.
A fin de proteger los derechos de los niños tras la COVID-19, resulta fundamental poner en práctica una nueva arquitectura internacional para la reestructuración de la deuda que incluya un mayor apoyo en condiciones favorables para los países pobres muy endeudados; una mayor transparencia sobre la deuda en los procesos presupuestarios nacionales; y una acción coordinada por parte de los acreedores, recomienda la agencia de Naciones Unidas especializada en la protección de la infancia.
“El alivio y la reestructuración integrales de la deuda son esenciales para garantizar una recuperación inclusiva y sostenible, de modo que los niños no tengan que soportar la doble carga de la reducción de los servicios sociales ahora y el aumento de la deuda en el futuro”, dijo Fore. “Es fundamental que los organismos internacionales, los acreedores y los gobiernos nacionales actúen juntos para reducir la carga de la deuda y dirigir los ahorros hacia unas inversiones sociales que abarquen a todos”.
El informe señala que 25 países de todas las regiones del mundo –la mayoría de los cuales ya estaban abrumados por la pobreza y las privaciones– dedicaron en el 2019 una proporción mayor del gasto público total al servicio de la deuda que a la educación, la salud y la protección social combinadas. Por tanto, es necesario realizar esfuerzos para proteger el gasto social y por ende el derecho de todos los niños a la seguridad social, la educación y los servicios de salud.
“Los niños que viven en países con una elevada carga de la deuda, y donde los recursos para la protección social, la educación y la salud son limitados, carecen de posibilidades para salir de la pobreza y dejar atrás las privaciones”, aseguró la ejecutiva de Unicef. “Los costes personales y públicos son enormes, y llevan a que los niños, sus comunidades y sus países tengan muy pocas esperanzas de lograr un desarrollo económico y social sostenible”.
El fenómeno es anterior a la pandemia de COVID-19, para entonces los países con los niveles más elevados de servicio de la deuda –entre ellos Chad, Gambia, Haití y Sudán del Sur– gastaban al menos 3 dólares en deuda por cada dólar que destinaban a los servicios sociales esenciales, asegura el documento elaborado por Unicef, y añade que una cuarta parte de los países de ingresos bajos y medios –donde viven 200 millones de niños– se encuentran actualmente endeudados o corren el peligro de endeudarse.
Aunque los países del G20 acordaron poner en marcha una Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda desde abril del 2020 hasta junio del 2021, el gasto en educación se ha continuado contrayendo en el último año, ya que la iniciativa apenas ha beneficiado a uno de cada tres países candidatos y solo ha contribuido a preservar el gasto en sanidad y protección social en 46 naciones.
Según el informe, en general, los países endeudados han recortado el gasto en sectores como la protección de la infancia, la nutrición y los servicios de agua, saneamiento e higiene.
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